Al menos 26 muertos en un ataque contra cristianos coptos en Egipto

Imagen del autobús atacado en Minia tomada de la televisión estatal Nile News. TV GRAB AFP

La minoría cristiana copta de Egipto ha vuelto a ser víctima esta mañana de un brutal atentado que al menos se ha cobrado la vida de al menos 26 personas y ha provocado heridas en más de otra veintena, según ha informado el portavoz del Ministerio de Sanidad egipcio, Jaled Muhahid. El ataque se produjo cerca de un pueblo de la provincia de Minia, a unos 300 kilómetros al sur de El Cairo, cuando fue tiroteado un autobús que transportaba un grupo de fieles a un monasterio. Aunque ningún grupo ha reivindicado el atentado, parece llevar el sello del autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), que en los últimos meses ha perpetrado varios sangrientos atentados contra la comunidad cristiana egipcia.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, una decena de hombres encapuchados abrió fuego indiscriminadamente contra el convoy, integrado por dos autobuses y una furgoneta, y se dio a la fuga en tres vehículos. La masacre tuvo lugar en una carretera, a la altura de la localidad de Al Adua, situada en una de las regiones egipcias que cuenta con una mayor presencia de la comunidad cristiana. Los fieles se dirigían al vecino monsasterio de San Samuel. En todo el país, se calcula que los cristianos, en su mayoría adheridos a la Iglesia Ortodoxa Copta, representan aproximadamente el 9% de los 93 millones de habitantes de Egipto.

Desde finales del año pasado, está comunidad se ha convertido en un blanco preferido del ISIS, que cuenta con una filial en la provincia del Sinaí desde 2014, apodada Wilaya Sina (“provincia del Sinaí”). Anteriormente, el grupo yihadista solía centrarse en atacar a miembros de las fuerzas de seguridad. Si bien esta península remota y desértica continúa siendo su principal bastión, las acciones violentas de la milicia se han ido extendiendo progresivamente por el valle del Nilo. De hecho, sus atentados más sangrientos contra la minoría cristiana han tenido lugar en las principales ciudades del país.

El pasado mes de diciembre, un terrorista suicida hizo estallar una bomba en un iglesia anexa de la catedral de San Marcos, en El Cairo, provocando la muerte de 29 feligreses. El recinto es la sede del patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Copta. Sin embargo, el balance de víctimas aún fue más elevado fruto de los dos ataques simultáneosdel 9 de abril de este año contra una iglesia de Alejandría, la segunda más importante del país, y otra de Tanta, coincidiendo con la celebración del Domingo de Ramos,

En total, aquel funesto día fallecieron 46 personas y otras 120 resultaron heridas. Tras aquella tragedia, el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, declaró el estado de emergencia en el país árabe durante tres meses. Aunque la historia reciente de Egipto está repleta de tensiones sectarias, la ola actual de atentados no tiene precedentes y ha sumido la comunidad cristiana en un profundo estado de angustia. Por esta razón, el mes pasado, en su vistia a Egipto para promover el diálogo interreligioso, el Papa Francisco quiso expresar su solidaridad con los cristianos egipcios celebrando una misa ante miles de creyentes.

Tras dos convulsos años de transición democrática, con el golpe de Estado del actual presidente Al Sisi en 2013, Egipto ha caído en una espiral de violencia que no parece tener fin. A la misma vez que la represión del Estado ha alcanzado su mayor cota en la historia contemporánea del país árabe, cebándose en cualquier voz crítica independientemente de su ideología, una tenaz insurgencia islamista ha ido consolidándose, asestando golpes más mortíferos

Precisamente, la pequeña localidad de Al Adua, escenario hoy de la barbarie terrorista, saltó a los titulares de la prensa internacional hace exactamente unos tres años, cuando sus habitantes constituyeron la mayoría de los 683 simpatizantes islamistas condenados a la pena de muerte en un macrojuicio por el asalto contra una comisaría de policía después del golpe. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el proceso no contó con las garantías procesales mínimas. Posteriormente, un tribunal de casación absolvió a buena parte de los acusados, pero mantuvo la pena capital a 183 personas.

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