Quiero aportar una reflexión en torno a la organización de los actos conmemorativos del 9 de Octubre que se organizan en la ciudad de Valencia y, especialmente, al conocido como «Procesión Cívica». Dejaré de lado el nombre del acto y todos los prolegómenos históricos de la conmemoración, pero es importante remarcar que, desde el siglo XIV hasta ahora, han sido muchas y diversas maneras de recordar, cada año, unos hechos históricos que indican y identifican el origen y el presente del pueblo valenciano.
La Constitución establece los principios de distribución de los poderes civiles y la separación de esos poderes de otros, como los eclesiásticos. No se debe confundir el sentimiento de religiosidad y de creencias con lo que es la estructura y los poderes internos de las iglesias. El primero es un sentimiento particular e individual, inherente a las personas, por la única condición de serlo, y el segundo responde a los intereses de quien tiene el poder en la organización eclesiástica.
El 9 de Octubre, desde 1977, con la instauración de la democracia y por decisión del Plenario de Parlamentarios del País Valencià, ha dejado de ser un día de fiesta de la ciudad de Valencia para convertirse en el Día Nacional de los valencianos. La Senyera ya no es únicamente la de la ciudad y la de un sector vinculado a algunas entidades de la misma ciudad; actualmente es la Senyera que representa todas las personas que vivimos en las tierras valencianas.
La sociedad valenciana, que a lo largo de la historia ha sido conformada por diversidad de pueblos y culturas, es también hoy muy diversa y plural. En el siglo XXI, desde una institución democrática, el Ayuntamiento de Valencia, es perfectamente coherente, correcto y obligatorio que las decisiones que afectan a la participación ciudadana y los sentimientos identitarios, estén subordinadas al interés general, al respeto a la libertad de ideas, de creencias y de manifestación y el de integración de los diferentes colectivos en la convivencia social. Con ese buen criterio, la corporación presidida por el alcalde Joan Ribó ha replanteado la estructura de la conmemoración de la festividad y ha optado por separar los actos públicos organizados por el Ayuntamiento de aquellos que organizan otras instituciones y grupos como ahora los de la Generalidad o del arzobispado católico. Los actos tradicionales deben ser adecuados a los valores actuales de respeto a la diversidad, a la no discriminación por ideas o creencias, a la no exaltación de la guerra y de la violencia ya la no confrontación por motivos políticos o eclesiásticos. Me parece un acierto que hayan sido invitadas al cortejo cívico diversas asociaciones y representantes de distintas iglesias como entidades sociales; esto favorece la convivencia y la aceptación de las diferencias. Otras instituciones se deberían inspirar y aplicar el principio ecuménico.
La intromisión de un interés privado en el espacio público es contraria al concepto democrático de ciudadanía y sitúa, como público y obligatorio para todos, lo que es únicamente particular. También al contrario, el Estado debe respetar la libertad de pensamiento y de asociación y no debe condicionar el funcionamiento de la sociedad civil organizada: «al César lo que es del César, …».
Se debe garantizar la neutralidad de la institución pública, una condición directamente ligada a la libertad de conciencia en un espacio público compartido, idea que ya fue impulsada por el filósofo Kant. Si se está exigiendo la interpretación de los himnos oficiales nos los actos del 9 de Octubre para considerarlos como actos de estado, deben ser aconfesionales y desligados de entidades particulares.
Si la «Procesión Cívica» pretende ser aglutinadora de la ciudadanía, debe desvincularse de estamentos y de ideas particulares de algún grupo y adquirir la categoría de referente social de todas las personas que viven en Valencia, aunque, por al futuro, también habrá que reflexionar sobre la idoneidad, en el siglo XXI, de rendir homenaje a reyes y dioses, en el ámbito público.
Otra cuestión es, como parece que quiere el arzobispo, si la bandera de una institución privada y particular debe presidir un Te Deum de la iglesia católica; pero esto corresponde discutirlo, debatirlo y reflexionar a los feligreses y practicantes.
