En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la diputada por el Partido Intransigente Adriana Díaz, reflexionó sobre las vivencias de antes, durante y después del debate en el Congreso de la Nación por el proyecto que proponía la Interrupción Voluntaria del embarazo.
“Tengo la convicción de que las mujeres que gozamos de cierta autonomía e independencia económica, intelectual y laboral, tenemos la obligación moral y ética de hacer algo por cambiar la situación de todas aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad extrema, de desigualdad e inequidad total”, señaló la legisladora.
En este contexto, y teniendo en cuenta que una de las consignas de la campaña del aborto legal es, “educación sexual para decidir”, argumentó también sobre la reciente adhesión a ley de Educación Sexual Integral y la campaña de desinformación que se generó al respecto sobre todo desde los sectores cristianos; “la fe y el amor que tanto predican no tienen nada que ver con la violencia machista. No estamos en contra de la espiritualidad o la religiosidad: estamos en contra de que las Iglesias impongan sus valores por sobre las leyes y por sobre los valores y las vidas de las personas. Estamos en contra de que el Estado permita que aquello que para las Iglesias es pecado se convierta en delito para la ley”, dijo.
“Cuando hablamos de laicidad tenemos que tener en cuenta que constitucionalmente nuestro Estado se organiza como un Estado Laico pero que sostiene el culto católico económicamente. Esto lleva a la creencia errónea de una parte de la ciudadanía que considera que este es un país católico”, opinó.
“La injerencia indebida de la Iglesia en las políticas públicas es, donde creo, que más se afecta la construcción de una ciudadanía plena. Después de la discusión sobre la legalización del aborto si algo quedó al descubierto fueron dos estrategias políticas bien diferenciadas de un avance eclesiástico indebido sobre las políticas públicas: Vimos en Diputados cómo, bajo la apariencia de discursos de ciencia o de derecho, lo que se hacía era contrabandear argumentos religiosos, pero en Senadores se vio otra política que fue el avance descarnado de la jerarquía eclesiástica en la arena política”, explicó Díaz.
Así, señaló que a su entender “La objeción de conciencia se presenta como la manera de impugnar la autonomía de las personas. Si bien nació como una herramienta destinada a proteger minorías me parece que frente a los derechos sexuales en general y al aborto en particular ha invertido su forma y ya no funciona para proteger la idoneidad de conciencias privadas sino que funciona de forma política, funciona de manera abierta y funciona de forma encubierta, como las declaraciones “pro-vida” de municipios o delegaciones, que no tienen poder jurídico pero políticamente confunden a la ciudadanía”, concluyó.
