Pues claro que la escuela no está para adoctrinar moralmente. Claro que no podrían dedicarse horas de clase a convencer a niños de que, por ejemplo, la fidelidad a la promesa matrimonial debe ceder moralmente al superior valor de darse en cuerpo y alma a toda persona que se cruce en el camino. Claro que una madre puede preocuparse de si el profesor está destrozando el equipaje moral que poco a poco ha venido trabajando en la casa. Es difícil que esto pueda ponerse en duda. Como no puede ponerse en duda que a un niño no pueden suspenderle curricularmente si no acierta en la pregunta y contesta que proteger la vida del feto es una exigencia moral supeditada al bien moral superior de proteger el bienestar de la pareja. Ni tampoco si contesta lo contrario.
Pero no son buenos esos argumentos, en mi opinión, y ya también en la opinión del Tribunal Supremo tras su esperada y esperable sentencia, para propugnar la posibilidad de la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Primero, porque en ningún texto legal ni reglamentario se concibe así la asignatura; y en segundo lugar, porque la disconformidad de los padres con los contenidos de ninguna asignatura de impartición obligatoria no justifica algo tan importante y serio como es la objeción de conciencia en un sistema democrático.
En un interesante debate que a título particular, y por propia iniciativa, sostuve a través del correo electrónico con un internauta beligerante (¡y lúcido!) opositor a la asignatura, me empeñé en pedirle que me identificase qué contenidos de la asignatura comportaban adoctrinamiento moral. No me contestó a la pregunta, porque la impugnó: me dijo que el problema no eran los contenidos, sino el concepto en sí de la asignatura. Que él no tenía que investigar qué iban a decir los manuales. Simplemente, de ética (o de moral, otro día discutiremos sobre las palabras) no se puede hablar en el colegio en el formato de una asignatura obligatoria, me dijo. Que es justo lo que acaba de desautorizar, con magnífico criterio, el Tribunal Supremo: el problema, dice el Supremo, no está en la asignatura, sin perjuicio de que pueda haber algún problema jurídicamente relevante relativo a algún contenido concreto.
Dicho en llano: en el colegio se puede tratar de enseñar cuáles son los fundamentos morales de nuestra civilización, de nuestra cultura y de nuestro sistema de convivencia. Se puede discutir sobre valores. Lo que no se puede es adoctrinar, es decir, presentar como obligatoria una determinada concepción moral del mundo. Y por tanto, una asignatura como Educación para la Ciudadanía, al igual que otras muchas (pongamos por caso la Filosofía) puede plantear problemas en su desarrollo, derivados entre otras razones de la libertad de cátedra. Pero frente a esos eventuales excesos o problemas no es respuesta la objeción de conciencia, sino la impugnación de un manual o la protesta ante el centro de los modos docentes de un profesor. Como toda la vida ha ocurrido. Nadie va a prohibir a los padres que protesten ante el Consejo Escolar, si es preciso con pancartas y vigilias, contra un profesor doctrinario, nadie va a prohibirles que impugnen un decreto administrativo o una instrucción de una consejería que diga que el tres de bastos vale más que el As porque tres es más que uno. Lo que no podrán es romper la baraja.
Como en casi todo, el problema no está en la parcialidad, en la opinión y ni siquiera en la doctrina. No se puede obligar a un profesor, ni siquiera a un sistema educativo a ser "neutral". Nunca lo han sido. ¿Se puede ser neutral ante el genocidio, ante la guerra injusta, ante la pena de muerte? ¿Se puede ser neutral ante un golpe de Estado? ¿No son exigencias morales, más allá que meramente legales, las que permiten pronunciarse sobre la acogida al inmigrante o la solidaridad con los discapacitados?. El Código Penal de un país está cuajado de 'bienes morales' compartidos por la sociedad: ¿por qué no va a poder un sistema educativo tratar de enseñar el sentido de esos valores? Sí se le puede obligar al profesor y al sistema a aceptar el pluralismo, particularmente en materias en las que existen planteamientos antagónicos y contradictorios vivos en nuestra sociedad: en lo moral, en lo político y en lo religioso. Y es la exigencia de pluralismo en lo que habrían de empeñarse, en mi opinión, las asociaciones de padres y los grupos de opinión que han reaccionado con tanto miedo a la Educación para la Ciudadanía.
En los diseños curriculares de esta asignatura hay componentes descriptivos, que tienden a instruir sobre derechos, principios de convivencia y exigencias constitucionales, que son irreprochables desde el punto de vista jurídico, por más que un padre esté convencido de que la democracia, el sistema de partidos o el Estado de las Autonomías constituyen una desgracia. Hay gentes que piensan que en esos diseños curriculares hay 'también' hay otros contenidos que no son descriptivos, sino valorativos, porque tocan aspectos que tienen que ver con reglas morales que pueden entrar en conflicto con determinadas ideologías, religiones o simplemente planteamientos vitales. No estoy seguro de que lleven razón, pero supongamos que así sea. En tal caso, los padres tienen el derecho de adoctrinar (ahora sí) a sus hijos en sus casas, en círculos de formación o en campamentos de verano, pero no tienen el derecho a evitar que los hijos en el colegio oigan a su profesor y a sus compañeros hablar sobre esos asuntos: no sólo sobre derechos y deberes, no sólo sobre instituciones y regímenes políticos, sino también sobre el aborto, la familia, el pago de impuestos, la tolerancia, la criminalización de la pederastia o la igualdad de trato con independencia de la orientación sexual. Son temas que interesan, igual que interesa conocer el big-bang, la evolución de las especies o la historia de la revolución soviética. De ninguna manera puede concebirse que el sistema educativo deba organizarse curricularmente de manera completamente neutral desde el punto de vista ético, cultural o filosófico. No cabe adoctrinamiento escolar, pero sí educación en valores, en régimen de pluralismo.
No puedo entender, lo digo con franqueza, el miedo que fundamenta a la oposición a esta asignatura, que ciertamente está protagonizada por algunos movimientos de la iglesia a la que perteneceré mientras no me expulsen. Lo he concebido desde el principio, en el mejor de los casos, como un miedo a competir. Como un 'proteccionismo' de ciertos valores privados, que quieren ponerse a salvo de su exposición al contraste en el foro público de la escuela. ¿Tan poca confianza tienen en el 'valor' de sus 'valores', que temen que puedan derretirse al calor de su contraste con otros valores? ¿O es que están defendiendo una exclusiva? ¿Es que sólo en clase de religión puede hablarse del hambre en el mundo? Así sería si los objetores hubiesen ganado su pleito.
La Educación para la Ciudadanía es una oportunidad. Podríamos imaginar un sistema educativo sin asignaturas de ética, pero no está la sociedad sobrada de planteamientos éticos. Prefiero un valor moral equivocado a la indolencia moral. No sé cómo puede reivindicarse el desierto, por más que se crea vivir en un oasis. No es suficiente la familia: hay tanta familia desestructurada, tanto adolescente abandonado a su suerte, hay tanta televisión y tanto cine que apuestan por planteamientos vitales completamente ajenos a cualquier sentido ético de la existencia, que me parece oportuno poner encima de la mesa inteligentemente el debate sobre los fundamentos morales de nuestra sociedad. El Presidente de los Estados Unidos habló en su discurso de toma de posesión de la necesidad de recuperar valores ciudadanos que definían a aquél país, y no fue tachado de doctrinario. Un gobierno autonómico (el valenciano) propugnó que la concesión de residencia legal al inmigrante viniera precedida de un cursillo sobre la cultura y los valores de la sociedad en la que aspiraban a integrarse, aunque no especificó cuáles eran esos valores. Un líder político español defendió en un reciente discurso la necesidad de volver a valores tradicionales como el compromiso a la palabra dada o el espíritu de superación. Era el líder de un partido que se opone a que de eso se hable en las escuelas.
El riesgo de 'Educación para la Ciudadanía' no es que pervierta valores, sino que no sirva para nada, porque el profesor hable de bobaliconadas que no interesen a los adolescentes. Ojalá el sistema educativo (público y concertado) dedique esfuerzos a hacer de la asignatura una ocasión para prestigiar de verdad, y no con globitos lanzados al aire, principios como la no violencia, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, la compasión o la tolerancia.
El Tribunal Supremo ha dicho que no se puede romper el tablero, y ha invitadoa jugar la partida. Eso es lo que deberían hacer los grupos de objetores: perdida su equivocada batalla, ahora conservan intacta su posibilidad de poner en valor sus valores. Ojalá que la (legítima) promesa política de suprimir la asignatura sea sólo un argumento electoralista que en su momento haya pasado de moda.
