Recientemente se ha dado a conocer la existencia de un acuerdo Gobierno-Iglesia católica, a partir del cual se produciría un supuesto “cambio importante en el modelo de financiación” de la Iglesia por el Estado. Sin conocer aún el texto de dicho acuerdo, pero basándonos en la información aportada por el Gobierno, la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid expresa:
El actual “modelo” de financiación de la Iglesia católica por el Estado, está basado en una descomunal falacia. La forma de plantear la llamada “asignación tributaria” ha dado origen a una grandiosa mentira (o equívoco interesado), repetida hasta la saciedad por los voceros eclesiales y los sucesivos gobiernos de turno: se ha inducido a pensar que el contribuyente, al marcar la cruz, destina alguna cantidad de sus ingresos a la Iglesia.
Lo cierto es que cuando una persona realiza la declaración de la renta, está liquidando su deuda con el Estado (le guste o no) y la cuantía que le corresponde pagar, en cómputo anual. Por tanto, sencillamente ese dinero no es suyo, sino del Estado. Así pues, no está poniendo ni un solo euro de su bolsillo. Por lo tanto, el contribuyente que marca la correspondiente casilla de la Iglesia católica, “declara su voluntad” de donar dinero ¡que no es suyo!, ¡¡¡tremenda generosidad!!! En fin, parece que lo razonable debería ser que primero saldara su deuda con el Estado y, a partir de ahí, realizara la aportación correspondiente. Pero en este asunto nada parece razonable.
Como ya sabíamos, el problema de la jerarquía eclesiástica era conseguir “recursos de cuantía similar” a los que venía disfrutando; pero los declarantes que marcaban la cruz hace diez años eran el 43% y en el año 2000, tan solo el 22%. Este es el verdadero problema. De esta manera, la cantidad que adelantaba el Estado de los Presupuestos era cada vez mayor, en comparación a la que correspondía por las declaraciones de la renta. Comoquiera que la Iglesia católica no reintegraba ni un euro, como se había comprometido a hacer por el Acuerdo Económico de 1979 y la Ley de Presupuestos para 1988, la deuda a favor del Estado iba en aumento y el escándalo también. De esta forma, la Iglesia católica se ha embolsado desde 1992, cerca de 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas) de todos los españoles que no han sido reintegrados a la Hacienda Pública.
En el artículo II del Acuerdo sobre asuntos económicos de 1979, la Iglesia declaraba “su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Tras veintisiete años incumpliendo este compromiso de autofinanciación, la jerarquía eclesiástica declara que esta alusión era sólo una “obligación moral” y, finalmente, parece haber desaparecido del reciente acuerdo con el Gobierno. Tremendo paso atrás.
Si la Iglesia católica se hubiera comprometido a recuperar ese 43% de declaraciones de sus fieles que marcaran la casilla del IRPF, hubieran obtenido más recursos que los del reciente acuerdo firmado. Pero tan poca confianza le merecen sus feligreses, o tan poco apego sienten éstos por su doctrina, que aún sin tener que aportar dinero de su bolsillo son incapaces de financiar a su clero. De esta forma, la jerarquía católica ha conseguido un incremento en su financiación de los Presupuestos del Estado de hasta el 0,7% de las declaraciones del IRPF, lo que significa que sus ingresos pasarán de 144 millones de euros actualmente a 175 millones de euros par el año próximo. Ello supondrá un incremento en sus ingresos del 21% respecto al año anterior.
Otro supuesto compromiso adquirido es que se exigirá cada año una memoria económica sobre la distribución del gasto correspondiente a la asignación. Esto no es nada nuevo. Ya se sabe que se dedica a remunerar a los obispos y a todo el personal eclesiástico de las diócesis, a gastos de la Conferencia Episcopal, pago de la seguridad social del clero, actividades pastorales de las diócesis, así como a congresos, asambleas y reuniones nacionales.
La cuestión es que sigue sin exigírsele a la Iglesia algo parecido a un balance integrado, y cuenta de resultados, de todas las actividades desarrolladas en el Estado español, tanto a nivel estatal como autonómico y municipal, incluyendo la cuantificación económica de las ingentes cantidades en exenciones fiscales de las que se beneficia. En este sentido, la opacidad sigue siendo total, y el Gobierno tampoco se ha dado por enterado.
En lo referente a la exención del IVA, privilegio del que ha gozado la Iglesia en virtud del Acuerdo de 1979, era ilegal desde la misma entrada de España en la Comunidad Europea en 1986. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización fiscal en esta materia ha obligado al Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas, a eliminar este privilegio y acomodarse a la normativa europea. Ha tenido que ser la Comunidad Europea la que nos ayudara a acabar con este privilegio eclesiástico.
Por encima de todo ello, como auténtico marco, el Acuerdo sobre asuntos económicos de 1979 (Concordato aún vigente) , acuerdo entre Estados (Vaticano y España), en el que la Iglesia católica, haciendo uso de su condición de ser la única religión que se constituye en Estado, blinda sus privilegios forzando la firma de pactos de Estado, configurándose como tratados internacionales, cuya anulación no puede realizarse de forma unilateral, y cuya posición jerárquica se sitúa por encima de las demás normas con rango de ley y, por lo tanto, también de las leyes orgánicas. Si como expresa la Constitución en su artículo 16.3 “ninguna confesión tendrá carácter estatal” ¿cómo puede admitirse un pacto de Estado con el Vaticano, cuyo cumplimiento obligue, jurídica y económicamente, al Estado español?
En todo caso, lo que permitiría hablar de “cambio en el modelo de financiación” sería una modificación sustantiva en el tratamiento fiscal a la Iglesia católica que, en virtud del Acuerdo de 1979 goza de exención total y permanente para “la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas” respecto del impuesto de bienes inmuebles (la Iglesia posee una cantidad de bienes inmuebles superior al propio Estado), IRPF, Patrimonio y otros impuestos. Nada de esto cambia con el nuevo acuerdo.
Tampoco se plantea nada respecto a los 3.600 millones de euros con los que el pueblo español sigue pagando a los 30.000 adoctrinadores de religión en los colegios; tampoco recibe ningún tratamiento la cuantiosa suma dedicada al mantenimiento del patrimonio eclesiástico, ni las subvenciones a la enseñanza concertada religiosa. Por lo tanto no se puede hablar de cambio de modelo.
En fin, con este acuerdo, el Gobierno tal vez esté intentando apaciguar los ánimos agresivos y belicosos de la jerarquía eclesiástica, pero al mismo tiempo está minando la credibilidad en un Constitución que declara que ninguna religión tiene carácter estatal. Con una presencia masiva de la Iglesia en la enseñanza, la obligatoriedad de impartir la religión católica en las escuelas públicas y la financiación de la Iglesia por parte del Estado, la Transición aún no ha llegado a las relaciones entre el Estado y la Iglesia.
