Ni la Conferencia Episcopal ni los Defensores del Menor llevan una estadística oficial de casos. Entre 2001 y 2010 hubo 14 casos en España registrados por el Vaticano, que acabaron con tres sacerdotes en prisión. Hubo que esperar a 2013 para que
No hay estadística oficial. La detención en Granada de tres sacerdotes y un seglar por supuestos abusos sexuales a menores en la parroquia de San Juan María Vianney es un caso más en un recuento que nadie parece llevar. "Parece que la Conferencia Episcopal y los Defensores del Menor no tienen mucho interés en analizar y en hacer un seguimiento a un grave problema en el seno de la Iglesia: los casos de abusos que salpican a sus religiosos", señala Carlos Sánchez Mato, portavoz del colectivo Iglesia sin Abusos. Sánchez Mato señala que el caso de Granada es un caso excepcional: una víctima pidiendo ayuda al papa en el Vaticano ante la desidia y falta de interés que encontró en la jerarquía eclesiástica en España. "La Iglesia sigue intentando resolver estos problemas de manera interna en lugar de acudir a la Justicia", señala a 20minutos.
Carlos Sánchez, por ejemplo, denunció hace una década a un cura de Aluche, un barrio de Madrid. Rafael Sanz Nieto fue condenado en 2006 a dos años de cárcel por abusos sexuales a menores. Además, el Arzobispado de Madrid tuvo que pagar 30.000 euros como responsable civil subsidiario. Sánchez Mato era entonces catequista de la parroquia donde se produjeron los abusos, su denuncia provocó que fuera expulsado de la parroquia. Es cierto que los casos conocidos son, de momento, pocos. La única estadística fiable la lleva el obispo canadiense Charles J. Scicluna, que en octubre de 2012 fue nombrado Promotor de Justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una especie de fiscal que investiga todos los delitos sexuales que puedan cometer los 440.000 religiosos de todo el mundo.
En mayo de 2014, el Vaticano informó de que en los últimos 10 años había castigado a 3.420 sacerdotes por abusos sexuales a menores, de los que 848 curas fueron directamente apartados del servicio sacerdotal, la pena más dura que contempla el derecho canónico. De España no hay datos muy recientes. Desde enero de 2001 hasta enero de 2010, el Vaticano investigó 14 casos en España, de los que tres acabaron con tres sacerdotes en prisión. Aquí, en nuestro país, hubo que esperar hasta marzo de 2013 para que la Iglesia diera un paso importante: expulsar por primera vez del sacerdocio a un cura por pederasta. Se trata de Pere Barceló Rigo, que ejerció como párroco de Can Picafort, en las Islas Baleares. El religioso fue hallado culpable de graves delitos sexuales, después de que tres mujeres le acusaran ante un juez de haber abusado de ellas cuando eran menores. El mes pasado, un juzgado de Inca acabó la instrucción y ha decidido procesarle. Se enfrenta a penas que suman 15 años de cárcel.
Casos en Barcelona, Zaragoza y Cádiz
En los dos últimos años, al menos una decena de casos salpican a la Iglesia española. En agosto, la Diócesis de Salamanca decidió sancionar a un sacerdote ya jubilado, acusado de un supuesto delito de abuso sexual de menores que ya ha prescrito, con la prohibición del ejercicio público del ministerio pastoral. No hay proceso penal contra él. En febrero de 2014, los Mossos detuvieron a Ignasi Marqués, de 63 años, el cura responsable de la iglesia de Santa Rosa, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Está acusado de abusar de tres niños de 12, 14 y 15 años.
Pero quizás el caso más mediático sea el del cura de Borja (Zaragoza) y arcipreste del Huecha, Florencio Garcés, de 70 años, que fue detenido en noviembre de 2013 por un delito continuado de abusos sexuales y por haberse quedado con unos 210.000 euros en fondos de una parroquia. El cura está implicado además en un supuesto de blanqueo de capitales. Estuvo pocos días en prisión preventiva. Ya ha comenzado el juicio contra él.
La revista Interviú denunció en marzo de este año que el obispo de Tarazona (Zaragoza) había instalado en la residencia que hay en el colegio Sagrada Familia, un centro educativo concertado, a Ángel Luis Saldaña Oliete, expárroco de Maluenda (Zaragoza), que fue condenado en 2011 por posesión y divulgación de pornografía infantil, después de que la policía encontrara en su casa vídeos con imágenes pornográficas protagonizados por niñas de distintas razas, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Condenado a dos años de prisión, no llegó a ingresar en la cárcel porque no tenía antecedentes penales.
El julio de 2013 el sacerdote Francisco Javier López Luna fue detenido en Cádiz acusado de supuesto delitos contra la integridad moral y sexual de una docena de alumnos varones de entre 12 y 14 años. Tras un mes de prisión preventiva, quedó en libertad a la espera de juicio.
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