Abusos sexuales de la iglesia católica

En 2011, la Red de personas abusadas sexualmente por sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) junto con abogados del Centro por los Derechos Constitucionales (CCR)  de EEUU, denunciaron ante la Corte Penal Internacional de la Haya al expontífice, Benedicto XVI, y a otros importantes funcionarios del Vaticano, por crímenes de lesa humanidad. Presentaron más de 20 mil páginas de evidencias, demostrando que el Vaticano permite y organiza el encubrimiento sistemático de sacerdotes pederastas. En aquel momento, SNAP señaló que -solo en los Estados Unidos- autoridades de la Iglesia admitían que alrededor de 6 mil curas habían sido acusados públicamente de abusos sexuales a menores en las últimas décadas. La organización estimó que, hacia 2011, había unas 100 mil víctimas de abusos sexuales perpetrados por clérigos residentes en este país.

La semana pasada, un comité de las Naciones Unidas emitió un informe culpando a la Iglesia católica de haber encubierto consuetudinariamente a oficiales de la Iglesia que han abusado de menores. La ONU exigió al Vaticano la entrega de los registros de los abusadores, así como la expulsión de los sacerdotes pederastas de sus puestos clericales.

La Santa Sede reaccionó acusando al comité de tener prejuicios y actuar por ideología. El Vaticano aseveró que, desde hace mucho, la Iglesia actúa con firmeza ante los actos de abusos sexuales infantiles.

Desafortunadamente, nada hace pensar que esto sea cierto. Para empezar, el Vaticano rige su ley a través del Código de Derecho Canónico, el que entiende que los abusos sexuales a menores son "delitos contra la moral", sin repercusiones carcelarias y únicamente punibles con una pena máxima de excomunión a los perpetradores.

Un caso reciente de pederastia –conocido internacionalmente– es el del arzobispo Jozef Wesolowski. En 2008, este sacerdote polaco fue designado nuncio apostólico en la República Dominicana. En agosto de 2013, cuando la Santa Sede advirtió que los rumores de abusos a numerosos menores iban a convertirse en acusaciones penales contra él, trasladó al sacerdote –representante más alto del Vaticano en la República Dominicana- a Roma. Lo hizo sin avisar a las autoridades del país caribeño.

Actualmente, existen procesos penales abiertos en República Dominicana y en Polonia en contra del abusador. Ante la petición de extradición del sacerdote por parte de la Fiscalía Distrital de Varsovia, el Vaticano respondió el pasado 10 de enero:

“Jozef Wesolowski es un ciudadano de la Ciudad del Vaticano, y nuestras leyes no permiten su extradición”.

La Santa Sede ha asegurado que serán sus propios tribunales los encargados de investigar y juzgar al arzobispo. Así, una vez más, la Iglesia demuestra que –a pesar de que tanto Benedicto VI como el papa Francisco han reconocido la existencia de casos de pederastia entre los clérigos católicos– la impunidad, la obstrucción de los procesos judiciales seculares, y el secretismo siguen siendo la tónica de la Iglesia. Poco importa que la opinión pública considere la pederastia como uno de los crímenes más abyectos perpetrados contra menores. Para la Iglesia, significa tan solo una falta.

Un ejemplo más de la indolencia de esta organización es el documento obtenido por Associated Press, donde el Vaticano señala la expulsión de 400 sacerdotes entre 2011 y 2012 por casos de abusos sexuales a menores. A pesar de que la Santa Sede probó, a través de sus tribunales, la culpabilidad de estos 400 individuos, los castigó únicamente expulsándolos de sus puestos sacerdotales. Hoy, esos 400 pederastas –además los cientos de miles existentes en la Iglesia y que no han sido procesados– yacen exentos de castigo, y caminan con absoluta impunidad entre los niños y niñas del mundo.

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Segunda parte de este artículo publicado el 2 de febrero de 2014

El mes pasado, representantes de la Santa Sede comparecieron ante un comité de las Naciones Unidas para dar cuenta de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Vaticano en 1990. Esta semana, el comité de la ONU emitió un informe consignando las conclusiones a partir de la histórica audiencia, un documento que trata temas de abusos sexuales, discriminación, torturas y demás atropellos cometidos por la “inmaculada” Iglesia católica contra niños y niñas alrededor del mundo.

Lo primero que se extrae del documento es que el Vaticano no ha cumplido con la CDN y  que, por el contrario, ha infringido los pilares de la misma, poniendo en riesgo a millones de menores.

Respecto a los casos de abusos sexuales, la ONU señala que "la Santa Sede no ha reconocido la magnitud de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil, y ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a la persistencia de los abusos, y a la impunidad de los perpetradores". “La Iglesia ha estado más preocupada por evitar el escándalo, que por proteger a los niños abusados”. “Debido al código de silencio impuesto a todos los miembros del clero, bajo pena de excomunión, los casos de abuso sexual a menores casi nunca han sido reportados ante las autoridades seculares”. En este sentido, se insta al Vaticano a que “retire inmediatamente de sus cargos a todos los clérigos abusadores (conocidos y sospechosos)”. Además, se exige la “distribución transparente de todos los archivos que puedan ser utilizados para mantener sin castigo a los criminales”, información que el Comité de la ONU alega haber solicitado, pero que el Vaticano se ha negado a entregar.

En el informe se denuncia que “es ampliamente conocido y documentado que los violadores han sido trasladados de parroquia en parroquia o incluso a otros países, en un intento por encubrir sus delitos”.

Durante la comparecencia del mes pasado, la Santa Sede intentó exculparse ante la ONU arguyendo que son las autoridades de los países donde se cometen los delitos los responsables de iniciar los procesos judiciales contra los criminales. En respuesta, la ONU defiende que “la Santa Sede, al ratificar la CDN, se comprometió a aplicarla no sólo en el territorio de la Ciudad del Vaticano, sino también como poder supremo de la Iglesia Católica, a través de las personas y las instituciones bajo su mando”. En otro apartado, la ONU menciona que “las denuncias ante las autoridades nacionales nunca fueron obligatorias para la Iglesia”; y que inclusive, “la consecución de las mismas han sido rechazadas explícitamente en países como Irlanda, en una carta oficial dirigida a los miembros de la Conferencia Episcopal en 1997. En muchos casos, autoridades eclesiásticas, incluyendo a los más altos rangos de la Santa Sede, han mostrado renuencia o se han negado a cooperar con las autoridades civiles”.

El Vaticano, como apunta la ONU, debe modificar el Código de Derecho Canónico. Bajo este sistema de leyes se considera a los abusos sexuales infantiles como "delitos contra la moral", y no como crímenes en toda regla.

Ante tanto agravio sistemático, sería de justicia que la Iglesia hiciera un verdadero mea culpa y acatara las recomendaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, parece que estamos lejos de que ello suceda. La Santa Sede ya se ha pronunciado en contra del documento, alegando que en estos últimos años su institución ha efectuado importantes avances, por lo que el informe del Comité de la ONU es producto de la inquina, de ideologías parciales y de una perspectiva incorrecta. 

Para comprobar la veracidad de las declaraciones vertidas, la próxima semana repasaremos los últimos casos de pederastia de la Iglesia católica. Les puedo asegurar que los caminos nos llevarán directamente a Roma.

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Primera parte de este artículo publicado el 24 de enero de 2014

La semana pasada, una delegación del Vaticano compareció ante la ONU para dar explicaciones sobre los casos de abuso sexual a menores perpetrados por sacerdotes, monjas y demás funcionarios de la Iglesia alrededor del mundo. En ocasiones previas, el papa Francisco y el ex pontífice Benedicto XVI, reconocieron públicamente los casos de abusos. Sin embargo, era la primera vez que una comisión de la Santa Sede se presentaba en Ginebra ante las Naciones Unidas para reconocer los delitos de pederastia que históricamente ha intentado ocultar su organización religiosa.

Si bien este es un hecho sin precedentes para la Iglesia, no es ni mínimamente suficiente para las cientos de miles de víctimas efectivas (y posibles) alrededor del planeta. En Ginebra, la comisión del Vaticano continuó manteniendo ocultos los nombres de los miles de sacerdotes que están envueltos en estos delitos, aún teniendo registros internos de los mismos. Además, se negó a proporcionar documentación referida al “protocolo de actuación” que ejerce la Iglesia Católica en estos supuestos.

En casi la totalidad de los casos, los sacerdotes implicados en crímenes de pederastia no son procesados por el derecho penal de sus países de residencia, sino que son “escarmentados” por las altas autoridades católicas de la localidad donde viven –quienes los suelen encubrir trasladándolos de parroquia o de país–. Otra opción, que dependerá de la discrecionalidad de la autoridad eclesiástica local, es que los clérigos criminales sean enviados a la Ciudad del Vaticano donde un tribunal católico dirimirá su culpabilidad o inocencia, penalizándolos a través de la excomunión o permitiendo su permanencia en la organización cristiana. Hasta la fecha, no se conoce un solo caso en el que el sacerdote haya tenido que enfrentar una pena de cárcel por pederastia al pasar por estos tribunales eclesiásticos. De hecho, muchos de ellos, ni siquiera son cesados, sino que, de aprobar un test psicológico, serán reinsertados en las labores pastorales, poniendo en peligro –una vez más– a miles de niños y niñas.

La gran mayoría de ataques sexuales que han sido denunciados ante las autoridades judiciales de los Estados “seculares”, fueron atajados ágilmente mediante pagos extrajudiciales por parte de la Iglesia Católica a las familias de las víctimas, comprando así su silencio y frenando las investigaciones. La opacidad también ha sido la tónica, incluso en escándalos abiertamente “populares”, como es el caso de Irlanda. En este país se destaparon abusos sexuales masivos en instituciones (orfanatos, colegios, reformatorios, etcétera) regentadas por la Iglesia Católica. En 1999, el Gobierno irlandés creó una comisión para investigar el alcance del abuso infantil en estos centros católicos, desde los años 30 hacia adelante. Tras interesadas dilaciones, en 2009 fue presentado finalmente el documento, conocido como el Informe Ryan. Entre sus páginas se señala claramente  que  la violación y el acoso sexual eran "endémicos" en estos centros, financiados principalmente por el Ministerio de Educación irlandés, y dirigidos por la Iglesia Católica. Las más de 2 mil páginas del informe mantuvieron en secreto los nombres de los abusadores del clero, y en el capítulo de las recomendaciones no se hace ninguna mención a las sanciones que deberían imponerse a los criminales. A lo largo de los años de denuncias, el Gobierno irlandés y la Iglesia Católica pactaron acuerdos con las víctimas por los que recibirían indemnizaciones económicas a cambio de renunciar a su derecho de demandar a la Iglesia y al Gobierno, además de mantener oculta la identidad de los abusadores. Se calcula que, en total, se habría entregado una indemnización de alrededor de 1,3 mil millones de euros. Como consecuencia de estas “expiaciones monetarias”, la Iglesia irlandesa atravesó, en 2011, una importante crisis financiera, de la que aún continúa recuperándose.   

Francesca Emanuele

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