Abuso laboral en colegio católico

Por encima de la ley y el evangelio, obligan a maestros a renunciar a su antigüedad, sueldo y prestaciones

A expensas del Obispo, el patronato del Colegio María Álvarez obligó a maestros a renunciar para ser recontratados con menos sueldo y sin prestaciones. El Organismo de Derechos Humanos Fray Juan Larios, avalado por Raúl Vera, fijó su posición: “las decisiones del Colegio van contra derecho, contra el evangelio y la moral”.

Mientras unos maestros luchan por obtener plazas, otros son despojados de sus derechos laborales por medio de presiones y hostigamiento. Se trata de los profesores del colegio católico María Álvarez, donde se obligó a la plana docente de preparatoria -bajo amenaza de despido- a firmar su renuncia, para ser recontratados con menos salario y sin prestaciones.

Un grupo de profesores relató a SEMANARIO la forma en que de un día para otro dejaron de percibir la mitad de su sueldo y cómo dos de sus compañeros fueron despedidos. También hablaron de su petición de ayuda al obispo Raúl Vera, cuya respuesta llegó el pasado miércoles 10.

Vera López turnó el caso al Organismo de Derechos Humanos Fray Juan Larios, quienes tras investigar, enviaron a los profesores de la mencionada institución un documento donde se dice:

“En relación al conflicto laboral con trabajadores del colegio María Álvarez de Rodríguez, hay varios elementos para presumir violaciones a los derechos de los trabajadores”.

“Estamos de acuerdo con esa conclusión, porque lo que nos hicieron fue un atropello, por eso sabemos que tenemos al Obispo de nuestro lado y él nos va a hacer justicia”, expresó uno de los maestros inconformes.

EL ARMA DEL MIEDO
Con cierta desconfianza (pues temen ser despedidos, como ya se hizo con dos profesores) los docentes narraron bajo el anonimato que les ofreció este medio, lo que comenzó el 6 de octubre, cuando fueron llamados a una junta urgente en el plantel ubicado en la calle Armillita, de la Zona Centro.

Relatan que allí Jesús Alvarado Berlanga, director del colegio, les informó que debido a la crisis económica, la escuela se encontraba en números rojos y por ello todos los maestros debían aceptar un nuevo contrato, en el que se reduciría el aguinaldo y la gratificación del mes de mayo, aclarándoles que su sueldo no sería tocado.

“En esa ocasión no estuvimos de acuerdo y le ofrecimos alternativas. Propusimos que nos redujeran el aguinaldo, que nos comprometíamos a regresar una parte para mejoras de la escuela”, comenta una de las profesoras. La idea era que el próximo año, cuando la situación económica mejorara, siguieran recibiendo íntegra esa prestación.

El director prometió analizar la propuesta. Pero el 23 de octubre los maestros fueron nuevamente llamados a junta, esa vez los pasaron de forma individual a un salón donde ya eran esperados por Berlanga Sáenz y la abogada María Guadalupe Guzmán Aldaiz.

Les informaron que a partir de ese día se reducirían sus horas clase, ya que habían decidido fusionar los dos grupos de tercer semestre de preparatoria, por tanto su salario se disminuiría a la mitad. Pero además, que a partir de ese momento, la hora clase se pagaría 18.4 por ciento menos (en vez de 63 pesos, se las pagarían en 51.40 pesos) y ya no gozarían de ninguna prestación.

Cuando los profesores comenzaron a poner resistencia a la nueva disposición, “nos dijeron: persona que no acepte estará automáticamente fuera. Nos decían, estamos interesados en que continúen con nosotros, pero ustedes son los que no están aceptando”, relatan los afectados

PRIMEROS DESPIDOS
Presionados por el director y la abogada, diez de ellos y el personal administrativo firmaron la renuncia voluntaria, en un documento bien planeado por parte del patronato del colegio, en el que constaba que “renunciábamos voluntariamente, que aceptábamos los términos y que no presentaríamos ninguna acción legal contra nuestro patrón”.

De los tres restantes, al prefecto de disciplina y al maestro de la materia de Educación en la Fe los despidieron, argumentando que eran puestos que ya no necesitaban, pues los podían suplir con otro maestro o con seminaristas.

“La verdad es que fue porque no quisieron firmar su renuncia y el nuevo contrato. No sabemos si ya consiguieron trabajo en otra escuela, pero espero que sí, porque no les dieron mucho de indemnización”, comenta uno de los profesores.

De la tercera profesora que no ha firmado dicen que han visto cómo se le hostiga, amenazándola con no dejarla entrar a clase o despedirla, y que cuando alguno de ellos se apresta a defenderla, también recibe amenazas.

Por ello el 29 de octubre decidieron enviar un escrito al obispo Raúl Vera, explicándole la situación y pidiéndole que intervenga, debido a que se trata de un colegio católico que administra un patronato adherido a la Diócesis.

VIOLARON DERECHOS, EVANGELIO Y MORAL
La respuesta no se hizo esperar. El pasado diez de noviembre, al patronato le llegó un documento en el que el organismo de Derechos Humanos Fray Juan Larios –a quien Vera López turnó el caso–  reconocía la violación de derechos laborales.

“El procedimiento adoptado por la institución es contrario a los derechos y utiliza una simulación jurídica, que puede ser echada abajo en las instancias jurisdiccionales competentes”, dice la misiva.

Luego explica que los puntos que podrían ventilarse en los tribunales laborales son la reducción del 50 por ciento del salario, la firma de un contrato no convenido de mutuo acuerdo entre las partes, el cual obliga a los trabajadores a renunciar a derechos adquiridos.

El organismo no deja lugar a dudas cuando agrega,  “todos estos actos son contrarios a la Ley Federal del Trabajo y a las normas de derechos humanos”, pero más aún, señala que “las decisiones del Colegio van contra derecho, contra el evangelio y la moral”.

ESPERAN AYUDA
Como también a los maestros se les hizo llegar una copia del documento, ellos opinaron, “ahora sabemos que el Obispo ya está enterado y que va a actuar, porque él siempre ha sido un defensor de los derechos humanos”.Otro agregó: “el Obispo no va a permitir que eso suceda en su Diócesis y menos en un colegio donde, a sus espaldas, están cometiendo estos atropellos”.

Por lo pronto, saben que la administración del colegio aún no hace extensiva esta medida con el resto de los docentes del plantel, el cual cuenta con secundaria, primaria y preescolar, pero esperan que con la intervención del Obispo, se restituyan sus derechos a los ya afectados, y su puesto a los corridos.

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