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Aborto: proyecto de ley del Gobierno avala la objeción de conciencia en Argentina

El poder político y económico de la jerarquía de la Iglesia católica una vez más se pone en evidencia con el proyecto de “ley de libertad religiosa” que el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso Nacional.

Con las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y la ya renunciada ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, el gobierno de Mauricio Macri espera llegar a su sanción.

Más allá de que el proyecto eliminaría la obligatoriedad de inscripción en un registro a las religiones, y declarar inembargables los templos, lo sustancial de este proyecto es que abre la posibilidad de invocar la “objeción de conciencia” en determinadas situaciones.

Así, en el artículo 7°, el proyecto se propone establecer que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”.

Poniendo negro sobre blanco, esto significa sin más que un médico podría negarse por ejemplo a realizar un aborto no punible (es decir, un derecho que reconoce el propio Código Penal) y no recibir una penalidad por dicha negativa, incluso cuando esta pueda poner en peligro la vida o la integridad de la mujer.

No hace falta señalar que la religión católica en nuestro país es la más importante, por lo tanto este proyecto no hará más que allanar el camino a los médicos que escudándose en su “conciencia” le negarán el derecho a un aborto no punible a la mujer que lo necesite.

El poder político de la cúpula de la Iglesia es tan importante que la misma Constitución argentina establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Esto se traduce fundamentalmente (aunque no sólo) en beneficios económicos sostenidos por fondos contemplados en los presupuestos aprobados cada año por el propio Parlamento.

Si pudiéramos tirar de un hilo imaginario para desarmar el tejido que sostiene a este proyecto, encontraríamos, por ejemplo, al actual secretario de Culto, Santiago De Estrada.

Este octogenario ultra católico fue secretario de Seguridad durante la dictadura militar, y simultáneamente, entre 1979 y 1983, actuó como interventor del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados. Pero su carrera en el Estado la había iniciado como subsecretario de Seguridad Social de la dictadura de Juan Carlos Onganía, entre 1967 y 1969.

De Estrada, tuvo y tiene estrechos lazos con toda la jerarquía eclesiástica. De ahí la presión que ejerce el gobierno para que este proyecto se transforme en ley.

En momentos donde el movimiento de mujeres en Argentina se consolida día a día y mantiene su lucha decidida en las calles, con consignas como la que exige la despenalización y la legalización de la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados, la derecha más rancia que participa del gobierno de Cambiemos intenta, con esta ley, dificultar aún más el acceso a este derecho elemental.

El gobierno de Macri apoya un proyecto que le dará mucho más poder a la iglesia católica. Sin embargo, no tiene intenciones de revisar la Ley 21.950 que establece que “El Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia”. Además existen leyes que financian la economía de sacerdotes y seminaristas.

Poniendo esto en números, por ejemplo, el año pasado el Estado, o sea todos los que habitamos el suelo argentino, mantuvimos a 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas.

El proyecto se tratará en Comisión antes de llegar al recinto. Pero resulta poco probable que no logre una sanción. El movimiento de mujeres tiene el enorme desafió de tomar en sus manos el rechazo a este proyecto, para impedir un nuevo avance sobre los derechos más elementales de las mujeres.

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