En concordancia con una nueva jornada Martes Verde, que tuvo lugar en Buenos Aires, las agrupaciones que en Entre Ríos conforman el colectivo a favor del aborto legal, seguro y gratuito, se plegaron al pedido de una consulta popular vinculante para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Al respecto, Nadia Burgos, referente de la Nueva Izquierda y el Movimiento Social de los Trabajadores, dialogó con AIM acerca del las actividades que se gestaron dentro del territorio entrerriano y que continuarán durante estos días. “Todas las fuerzas nuestras están abocadas a organizar, el próximo 28 de septiembre, una gran concentración en Paraná para exigir el aborto legal. Se en temáticas principales, como la implementación del protocolo del aborto no punible, al cual la provincia de Entre Ríos adhirió. La jornada estará acompañada de actividades artísticas durante la noche”, informó Burgos.
Por otro lado, la dirigente expresó que “los pañuelazos se están replicando”, en la provincia. “Esta semana hubo uno en la ciudad Ramírez, y se sigue realizando la campaña en distintos puntos de la provincia como Concordia, Gualeguay, Villaguay y Crespo. Es algo que está creciendo”, agregó.
“Creemos que es fundamental luchar por esto. Es necesario visibilizar las expresiones que se están llevando adelante y hacer crecer la marea verde. Sabemos que el aborto se conquista luchando en la calle. También tenemos que comenzar a ver algunas otras estrategias para poder conquistar lo antes posible este derecho humano fundamental que consiste en la recuperación de la soberanía sobre nuestros cuerpos”, manifestó la referente del MST.
Consultada acerca de la adhesión al pedido de consulta popular, Burgos opinó que “la consulta popular vinculante es una herramienta que se tiene a partir de un escenario que ha cambiado. No estamos plebiscitando un derecho sino buscamos que el conjunto de la sociedad de su aval a la ley que ya tuvo media sanción de Diputados”.
Además, la dirigente expresó que la consulta, que se pretende de carácter obligatoria, “tendría que ir de la mano con la exigencia de la separación de la iglesia del Estado. Desde una cuestión presupuestaria, por ejemplo, si no hay plata para la salud, que tampoco haya para financiar los sueldos de obispos y curas”.
En este sentido, Burgos expresó que “una cosa son las libertades individuales de culto y otra es que el Estado financie de manera privilegiada a una institución religiosa, que además interviene en no permitir que las personas con capacidad de gestar podamos hacernos de nuestros derechos y negar al conjunto de la población la educación sexual integral”, finalizó.
