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Aborto, ciencia, laicismo y ciudadanía

"Aborto seguro en Ecuador. El tratamiento ofrecido son las pastillas XX. Contamos con stock permanente y la asesoría necesaria en cuanto a su uso, cuidados, durante y después del tratamiento. Hacemos entregas personales en ciertas ciudades y envíos por courier muy garantizados. Para mayor información llama a los teléfonos….”
Tomado de Internet

La polémica sobre el aborto ha vuelto a la palestra de las pasiones entre partidarios y detractores. En este debate (de muy bajo nivel, por cierto) lo que puede destacarse es la utilización de criterios sin sustancia y argumentos pseudocientíficos por parte de grupos de todas las tendencias para defender posturas ideológicas, culturales o religiosas. Se ha dicho entre otras cosas, que “la despenalización del aborto podría dar carta abierta a que cualquier mujer opte por un aborto legal al argumentar una violación”. O que, “si una madre no quiere tener a su hijo, entonces puede darle ese beneficio a otra familia…”. Por su parte, el Presidente de la República se opone a la  iniciativa y adelantó que vetará "cualquier artículo que vaya más allá de lo que ya existe en el Código Penal" (que sólo permite el aborto en casos de violación a mujeres consideradas  disminuidas psíquicas o dementes).

Ahora resulta que la ética  de izquierdas es apelar al laicismo para todo lo que sea oportuno, recurriendo al Vaticano para no meterse en un berenjenal y justificar el inmovilismo en la toma de decisiones que inciden sobre la salud de la población.

Lo llamativo del caso es que hasta ahora no se hayan pedido criterios de médicos, genetistas o bioeticistas, sobre una cuestión  que no tiene nada de penal y si tiene que ver en cambio, con la Salud Pública.

De acuerdo con la  Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que cada cuatro minutos se produce un aborto en Ecuador. La tasa de abortos se ha duplicado en los últimos  ocho años  en los hospitales públicos hasta llegar a  30.000 por año. Sin embargo, las cifras reales son superiores,  pues es casi imposible cuantificar los abortos en “clínicas” clandestinas.

En el  hospital Isidro Ayora, de Quito, se atienden abortos diferidos (muerte fetal sin expulsión) o incompletos (cuando solo ha sido expulsada una parte). Muchas pacientes acuden con infecciones severas,  perforaciones uterinas y hemorragias graves que pueden causarles la muerte.

Según la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, en el país se registran 300.000 embarazos por año, de los cuales, uno de cada dos es no deseado y uno de cada cinco es de adolescentes.

Todo lo anterior demuestra muy claramente que seguir manteniendo el aborto como un delito, no sólo que no sirve para impedir o frenar los abortos, sino que tiene consecuencias muy perversas en el plano de la dignidad, libertad, salud e incluso de la vida de las mujeres, así como en la credibilidad de las leyes penales que se convierten en un “saludo a la bandera”.

Tal como ocurre en los países que siguen penalizando el aborto, las mujeres que sean víctimas de un embarazo indeseado por accidente, ignorancia, error, imprevisión, etc. sólo pueden optar entre el aborto clandestino y la maternidad forzosa. En definitiva, la penalización del aborto se limita a tutelar por la vía penal el paradigma moral o religioso de una parte de la sociedad, obligando al resto de las personas a adaptarse a él o a sufrir las consecuencias legales.

Uno de los argumentos más utilizados por los autodenominados “grupos pro vida” es que  el aborto es equivalente a la interrupción de la vida de una persona, y, por tanto, un asesinato.

Desde el punto de vista científico no es cierto que el embrión sea un ser humano. Para ello, es  necesario que ese conglomerado de células vivas pueda existir fuera del útero de la mujer embarazada. Toda evidencia científica existente muestra que durante los tres primeros meses, esa vida fuera del útero de la madre es imposible.

Por otro lado, existe abundante evidencia científica que demuestra que la legalización del aborto ha sido una de las intervenciones político-sociales más importantes para reducir tanto la mortalidad materna como la infantil. En Estados Unidos,  por ejemplo, la mortalidad materna debida al aborto ilegal descendió un 40% el año que el aborto se legalizó, y ha continuado descendiendo desde entonces.

Otros estudios han llegado a conclusiones parecidas. La legalización del aborto ha permitido la reducción voluntaria del número de embarazos y partos entre mujeres que por su baja nutrición o malas condiciones de vida se encuentran en situación de alto riesgo.

El aborto es legal en casi todos los estados de la Unión Europea, son precisamente los  países que han sido  y siguen siendo ejemplo de cultura, libertad,  diálogo, respeto a los derechos humanos, justicia social, etc.

Es antidemocrático y éticamente inaceptable que un grupo de políticos ignorantes de la problemática social impongan sus propios criterios ideológicos al resto de la sociedad. Peor aún usando argumentos ya superados como si se tratasen de verdades científicas, absolutas y universales.

Como van las cosas, todavía se ve lejano el día en el que en nuestro país se respeten la libertad individual y la autonomía moral por encima de los dogmas religiosos; y de la vivencia de un  verdadero laicismo en el que se dejen las responsabilidades a los ciudadanos en lugar de aumentar una tutela estatal paternalista y “capillista”.

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