Abogados católicos, contra la Reforma

La corporación que preside Cosme Beccar Varela invoca a la tradición jurídica para repudiar el cambio anunciado por la presidenta. Sostiene, por ejemplo, que con el alquiler de vientres se crearían «huérfanos artificiales».

Con la firma de su presidente, Cosme Beccar Varela, la Corporación de Abogados Católicos distribuyó una declaración de repudio a la Reforma al Código Civil, anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa.
La primera de las objeciones es de carácter doctrinal y tiene que ver la impronta renovadora de la propuesta oficial. La agrupación católica se queja de que “las disposiciones proyectadas carecen de antecedentes legales, doctrinarios y jurisprudenciales en el país”. Si bien es cierto que invocar la tradición para inhibir un cambio es un argumento clásico del conservadurismo, el comunicado insiste en su segundo punto sobre el mismo tópico: “Se proyectaron distintas disposiciones que no gozan en absoluto de consenso doctrinario en nuestro país, pretendiéndose legislar en contra de nuestra tradición jurídica.” Una reforma que no reforme, parece desprenderse del pedido de la agrupación.
Otras objeciones de la corporación de abogados está vinculadas al alquiler de vientres. Si bien el texto aclara que no se va a detener “en el análisis de la totalidad de las disposiciones proyectadas”, se sienten en condiciones de señalar  que “con las normas proyectadas en materia de filiación se produce una injusta y arbitraria discriminación entre los niños nacidos por relación sexual natural y los nacidos por procreación asistida”. Y por si fuera poco, vuelve sobre la tradición, aunque en este caso, esta invocación es menos temible que la apelación a la moral: el comunicado señala que la maternidad subrogada (o el alquiler de vientres) “ha sido considerada inmoral por la mayor parte de nuestra doctrina, que ha entendido que de celebrarse un convenio de esa naturaleza, sería nulo, de nulidad absoluta”.
Y como para no dejar afuera ninguno de los argumentos de raíz teológica, el texto también dice estar resguardando “el interés superior del niño”, que según dicen los abogados confesionales “implica no sólo que tenga –de ser posible– tanto un padre como una madre, sino también de resguardar su identidad, que está dada por elementos biológicos que resultan de la naturaleza”. El remate de tal razonamiento sostiene: “Resulta inadmisible crear huérfanos artificiales, que es lo que ocurriría si en la maternidad subrogada el comitente del niño fuera una sola persona.”
Esta no es la primera avanzada del catolicismo ultramontano contra la reforma del Código Civil: el vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, ya había señalado que la Iglesia quería “aportar” en ese debate ya que “tiene una larguísima tradición en los temas referidos a la vida y la dignidad de las personas, con muchísimos conocimientos y experiencias”.
La mayoría de las cláusulas del Código que están a punto de modificarse fueron redactadas en un período (fines del siglo XIX) en que la Iglesia tenía mucha influencia sobre el Estado. Y las reformas progresistas van en el sentido de separar al Estado de cualquier credo.

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