¿A quién pertenecen los espacios públicos?

Hace algunos días apareció una nota en MILENIO en la cual se informaba que Alejandro Rojas, titular de Turismo del Distrito Federal, al mismo tiempo que entregaba un pergamino para acreditar la zona de la Basílica de Guadalupe como “Barrio Mágico Turístico” (?), anunciaba la construcción de una cruz monumental de 60 metros en los alrededores del santuario. Más allá del interés de un gobierno laico en promover una obra religiosa, aunque ésta sea supuestamente financiada por la iniciativa privada, estamos frente a un problema de gestión del espacio citadino. Desde mi punto de vista, los espacios públicos son precisamente eso, públicos, es decir, de todos. Por lo tanto, en una sociedad democrática, la gestión de los espacios públicos debería de ser conducida de acuerdo con las necesidades y exigencias del conjunto de ciudadanos de cada localidad y de cada país. Sin embargo, esto resulta más fácil decirlo que hacerlo. Sobre todo porque siempre hay quienes quieren imponer a los demás su particular visión de las cosas y su muy específica manera de convivir. Es muy común, por ejemplo, que un vecino le imponga a otro su ruido, su música, sus gritos, sin preocuparle que lo hecho, incluso desde su propia casa, pueda afectar a los demás. Lo privado y lo público no son dimensiones absolutas, sino que se modifican según el espacio y el tiempo. Y en nuestros tiempos y en nuestra sociedad es muy evidente que muchas cosas que antes se asumían como privadas ahora son públicas, y viceversa. Por ejemplo, durante el siglo XIX y buena parte del XX se asumió (y se sigue asumiendo en muchos lugares) que lo que pasaba dentro de las casas era un asunto privado; por lo tanto, la violencia intrafamiliar no era castigada. Incluso se aceptaba como parte del orden moral prevaleciente y digno de ser protegido por las leyes.

La vida democrática de un país puede medirse por la manera de gestionar el intercambio público en una sociedad determinada. No quiere decir esto que para ser democrática, una sociedad deba aceptar cualquier forma de manifestación pública, por ejemplo a través de mítines o marchas. Significa que éstas deben darse en condiciones que no afecten, o lo hagan al mínimo, los derechos de terceros. En la Ciudad de México, ese equilibrio se ha roto en más de una ocasión, no siempre a favor de formas de convivencia tolerantes y respetuosas de la forma de pensar del otro.

El mundo está lleno de ejemplos que nos muestran las complejidades de una gestión democrática de los espacios públicos. En Jerusalén, la gestión de los lugares santos es otro dolor de cabeza para las autoridades, porque se trata de garantizar a personas de distintas creencias el libre acceso a sus lugares de culto, sin que ello se transforme en un problema para la convivencia. El problema no es nada más entre mezquitas, sinagogas, templos cristianos e iglesias católicas; muchas veces tiene que ver con la repartición de los tiempos (fechas, y horarios) en ciertos templos reivindicados por diversas tradiciones eclesiales de una misma religión. Es el caso de la Iglesia de Belén, en Palestina, y la del Santo Sepulcro, en pleno Jerusalén, cuya complejísima gestión permite, no sin dificultades, la convivencia entre católicos, ortodoxos y coptos. En ocasiones se llega al extremo de normar hasta el uso de las escobas, las cubetas y las escaleras, para evitar cualquier conflicto. Lo público no tiene que ver entonces exclusivamente con lo que sucede en las calles, sino con lo que sucede en lugares que en teoría pertenecen a todos; es el caso de las ciudades.

En Jerusalén mismo, como en muchas ciudades de Israel o de otros países del mundo, lo que hacen las iglesias y lo que sucede dentro de las mismas no está exento de control del Estado, en la medida que hay repercusiones públicas. El mejor ejemplo de ello es la regulación de los llamados desde el minarete de las mezquitas. Los gobiernos locales han tenido que regular el volumen de las bocinas, pues resultan disruptivas para todos aquellos que no comparten las creencias de los musulmanes. Pero eso puede suceder en otros contextos. Las campanadas de las iglesias católicas, por más tradicionales que sean, resultan molestas para muchos de los vecinos que no desean ser despertados a tempranas horas. Las reacciones son mayores ante la instalación de campanadas electrónicas acompañadas de cánticos y llamados a misa. No siempre la autoridad local se atreve a regular ya no digamos la instalación de estos artefactos, ya no digamos el volumen, en detrimento de las convicciones y derechos de muchos que no comparten esas creencias.

Pero eso no es lo peor. En algunas ciudades latinoamericanas les ha dado por construir cruces gigantescas, sin que nadie o pocos digan algo. Las dirigencias religiosas han terminado por imponer símbolos particulares al conjunto de la ciudad y por lo tanto de los ciudadanos. Es lo que pretenden ahora hacer desde el cerro del Tepeyac, construyendo una cruz monumental, más grande que el Cristo del Corcovado. Me pregunto simplemente: ¿tienen derecho a hacer eso, incluso desde un recinto religioso? ¿Pueden imponerle a la ciudad y al conjunto de sus ciudadanos un símbolo que no es necesariamente público, es decir, de todos?

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...