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A la espera de la lista de inmatriculaciones indebidas del clero anunciada por Sánchez

El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados (inscritos en el registro de la propiedad) indebidamente por la Iglesia, según anunció el ya presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el primer día del debate de investidura. «En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la Ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad», aseguró.

En 2019, medio año antes de que Sánchez diera a conocer esta reversión de las inmatriculaciones y en pleno proceso de ampliación del parque público del Gobierno Vasco, el Parlamento autonómico reclamó un listado de bienes adquiridos por la Iglesia mediante esta controvertida figura legal, que fue derogada hace cuatro años.

Todos los grupos del Parlamento Vasco, excepto el PP, pidieron medidas para recuperar las propiedades adquiridas «indebidamente» por la Iglesia. Buscaban que el Ministerio de Justicia les remita toda la información de lo que disponga sobre el asunto de las inmatriculaciones, además de la lista.

Pese al nuevo anuncio de la reversión de inmatriculaciones indebidas de la Iglesia, el Gobierno Vasco cuenta desde 2018 con un primer listado de bienes solicitado al Colegio de Registradores que incluye más de 530 propiedades desde 1978. De ellas, 371 pertenecen a Gipuzkoa, 74 a Bizkaia y 69 a Álava.

De todas formas, se espera que la lista creada por el Gobierno central sea más completa que la ya existente en el País Vasco. Además, el propio Sánchez se comprometió a hacer público en 2018 estos datos. En 2017 fue el entonces presidente Mariano Rajoy quien ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia.

Este tipo de inscripciones solían realizarse con la certificación del obispo hasta el año 2015. Por aquel entonces todavía era legal que la Iglesia tuviera a su nombre propiedades como templos parroquiales, locales comerciales o casas agrícolas por un coste simbólico y sin que apenas se le exigieran requisitos para demostrar la pertenencia de estos bienes. Ya han pasado cinco años desde que esta controvertida figura legal, la de las inmatriculaciones, fuera derogada.

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