Escándalo en la DGAIA de la Generalitat: Abusos sexuales, corrupción y negocio con menores tutelados

Un exempleado de la DGAIA, ahora testigo protegido, ha denunciado un ‘claro sistema de corrupción’ basado en una red clientelar y puertas giratorias entre la administración y estas fundaciones.

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), organismo de la Generalitat de Cataluña encargado de proteger a menores en situación de vulnerabilidad, se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse un escándalo que combina abusos sexuales a menores tutelados, negligencias graves y una presunta trama de corrupción. Este caso ha expuesto un sistema opaco, plagado de irregularidades, donde la protección de los menores parece haber sido relegada frente a intereses económicos y redes clientelares.

Abusos sexuales bajo la tutela de la DGAIA

Uno de los casos más estremecedores es el de una niña de 12 años, tutelada por la DGAIA en un centro de L’Hospitalet de Llobregat, que sufrió violaciones reiteradas entre 2020 y 2021 por parte de una red de pederastia. Según las investigaciones, los abusos se prolongaron durante dos años sin que la DGAIA interviniera con la diligencia necesaria. En un acto de negligencia particularmente grave, se permitió que la menor, a los 15 años, se fugara con un hombre 10 años mayor, evidenciando fallos estructurales en los protocolos de supervisión y protección. Actualmente, 15 hombres están siendo investigados por estos abusos, y la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado un expediente para esclarecer la gestión del caso, aunque la oposición exige responsabilidades políticas inmediatas.

Este no es un caso aislado. Desde 2019, al menos 1.113 menores tutelados por administraciones autonómicas en España han denunciado abusos sexuales, y los expertos advierten que estas cifras son solo la punta del iceberg debido a la infradetección y la falta de protocolos específicos. En Cataluña, la ausencia de herramientas efectivas para identificar casos de explotación sexual y la opacidad de la DGAIA han permitido que menores vulnerables queden a merced de redes criminales, a menudo contactadas a través de redes sociales.

Entidades bajo sospecha

Paralelamente, la DGAIA enfrenta acusaciones de corrupción estructural en la gestión de fondos públicos destinados a menores tutelados. Entre 2016 y 2020, la DGAIA gestionó 788 millones de euros, pero investigaciones de la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña han destapado irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones. Se estima que al menos 98 millones de euros se otorgaron sin licitación pública, mediante mecanismos de emergencia injustificados, beneficiando a un reducido grupo de fundaciones privadas.

Las entidades investigadas

Fundació Resilis y Fundació Mercè Fontanilles (UTE FMF-Resilis): Acusadas de cobrar por plazas fantasma, es decir, menores que ya no estaban en sus centros. En 2022, esta UTE recibió 4 millones de euros para gestionar el SEVAP, el servicio que supervisa ayudas a jóvenes extutelados.

FASI: Esta fundación habría destinado fondos públicos a pagar alquileres desorbitados a su propia inmobiliaria, Casa Equipaments, acumulando un patrimonio inmobiliario de más de 500 inmuebles con dinero destinado a menores. Entre 2012 y 2015, FASI pagó 1,5 millones de euros en alquileres por encima del valor de mercado.

Plataforma Educativa: Vinculada a exdirectivos de la DGAIA como Ricard Calvo, esta entidad ha sido señalada por beneficiarse de contratos a dedo y prórrogas injustificadas. También se le acusa de manipular informes para justificar pagos por servicios no prestados.

Astres, Gentis y Utopía: Mencionadas en denuncias por recibir fondos para menores que no estaban bajo su cuidado, formando parte de una red de fundaciones que lucraban con el sistema.

Can Burgarola (vinculada a Blanca Arbell): Esta entidad facturaba hasta 8.000 euros diarios por acoger menores extranjeros no acompañados (MENAs), en una casa de colonias propiedad de la familia de Arbell, exalcaldesa de ERC.

Un exempleado de la DGAIA, ahora testigo protegido, ha denunciado un “claro sistema de corrupción” basado en una red clientelar y puertas giratorias entre la administración y estas fundaciones. Por ejemplo, Ricard Calvo, exdirector de la DGAIA, fue recolocado en Resilis tras su paso por el organismo, adjudicando contratos a la misma fundación que luego lo contrató. Este entramado ha permitido que entidades privadas acumulen beneficios millonarios mientras los menores sufren desprotección.

Dinero por menor tutelado

Aunque las cifras exactas varían según el tipo de servicio (centros residenciales, pisos tutelados, programas de acompañamiento), se estima que la DGAIA otorga entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por menor tutelado a estas entidades, dependiendo del centro y las condiciones. Por ejemplo, en el caso de FASI, se pagaban alquileres de hasta 5.000 euros al mes por pisos de 120-200 m², a menudo sin justificar la necesidad real. En el caso de Can Burgarola, la facturación diaria de 8.000 euros por un grupo de MENAs sugiere un coste por menor que podría superar los 10.000 euros mensuales en algunos casos extremos. Estas cantidades, sumadas a subvenciones adicionales para reformas o programas, han generado un negocio lucrativo para las fundaciones, mientras los menores no reciben la atención adecuada.

Un nido de corrupción y negligencias

El sistema de protección de menores en Cataluña se ha convertido en un nido de corrupción, donde las entidades privadas priorizan el lucro sobre el bienestar de los menores. Las negligencias de la DGAIA no son nuevas: en 2018, un juez acusó al organismo de “maltrato institucional” por internar a una menor con discapacidad intelectual en un centro inadecuado, ignorando opciones familiares y terapéuticas. La falta de protocolos, la opacidad en la gestión de datos y la resistencia a investigar los casos han perpetuado un sistema que, lejos de proteger, expone a los menores a abusos y explotación.

La connivencia política agrava la situación. Entre 2016 y 2020, bajo los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra, la DGAIA estuvo dirigida por cargos vinculados a Esquerra Republicana (ERC), como Ricard Calvo, Georgina Oliva y Ester Sara Cabanes.

Exigencia de responsabilidades

El escándalo de la DGAIA ha desatado una tormenta política y social en Cataluña. La oposición exige una comisión de investigación y la comparecencia de la consejera Mònica Martínez Bravo, quien se ha comprometido a una “transformación integral” del organismo. Sin embargo, las promesas de cambio chocan con la resistencia de los partidos gobernantes y la falta de medidas concretas para desmantelar la red de intereses que rodea a la DGAIA.

Mientras tanto, los menores tutelados siguen siendo víctimas de un sistema que, en palabras de un educador social, “funciona como una mafia”. La sociedad no puede seguir tolerando que los menores sean moneda de cambio en un negocio corrupto. Es hora de que la DGAIA sea reformada de manera integral y se rompa toda relación con las entidades privadas que la han convertido en un negocio repleto de corrupción y abusos. Debe exigirse a la Generalitat una gestión 100% pública de la DGAIA que garantice la protección de los menores.