70% de las amenazas y restricciones a derechos fundamentales fueron responsabilidad de funcionarios públicos.
Un nuevo informe sobre la situación de la libertad de expresión en la región vuelve a poner el foco en Uruguay y da cuenta de un aumento de amenazas y restricciones a este derecho. Entre enero y diciembre de 2021, se constataron 70 alertas de violaciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en el país.
El informe anual de Voces del Sur, una red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea las agresiones contra el periodismo, destaca que Uruguay “se consideraba un bastión en materia de la protección de derechos fundamentales”, pero que el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou “ha propiciado un ambiente antagónico hacia la prensa”.
La organización advierte que el estado de estos derechos fundamentales se ha deteriorado respecto de 2020, ya que aumentaron de 37 a 70 las alertas registradas el año pasado. “Este deterioro fue impulsado por un aumento de 450% en discurso estigmatizante, 400% en procesos civiles y penales y 67% en restricciones en el acceso a la información, lo que se interpreta como un deterioro del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, que por años fue estandarte del Estado uruguayo”, se indica en el informe.
De esas alertas, que comprenden violaciones contra la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, la mayoría (70%) fue responsabilidad del Estado. “Un ejemplo claro de ello es la prevalencia de casos de discurso estigmatizante por parte de personas funcionarias públicas, ministras y senadoras”, se señala.
En cuanto a la criminalización de periodistas, la red sostiene que las demandas judiciales por “parte de partidistas de Lacalle son sumamente preocupantes” y que se ha vuelto “notoria la tendencia al uso del sistema judicial como forma de inhibir las investigaciones periodísticas”, como consecuencia “del discurso estigmatizante de los funcionarios públicos”.
Asimismo, se destaca que los ataques han ido en aumento desde la asunción del gobierno: “El clima de enfrentamiento que se ha mantenido desde el partido en el poder en contra de periodistas nunca disminuyó desde las elecciones de 2020 y se agudizó con la pandemia de la covid-19”, se señala.
Violencia en contra de periodistas mujeres
El informe presenta datos del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una de las organizaciones que integran la red, que registró en el último año “41 alertas por violencias en contra de periodistas hombres y 10 en contra de mujeres”, lo cual implica “un aumento en el registro de 116% y 150% respectivamente”.
“La organización explica que el mayor reto en el monitoreo de las violencias en contra de periodistas con perspectiva de género es la invisibilización y falta de representación en los medios de comunicación”, se indica. Si bien se destaca que existe mayor cantidad de mujeres que se forman académicamente en periodismo, “la mayoría de los puestos ejecutivos y directivos están ocupados por hombres recibiendo mejores salarios y mayor reconocimiento. Esta falta de representación se ve agudizada para el caso de periodistas trans”.
También se denuncian “violencias al interior de los medios en los cuales se han dado casos de abuso y de acoso sexual”.
Asimismo, Cainfo registró ocho alertas relativas a un nuevo indicador transversal de género: tres fueron por discurso estigmatizante, dos por acceso a la información, dos por procesos civiles y penales, y una por uso abusivo del poder estatal.
El pedido al gobierno
El informe se publicó días antes de que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, increpara a una periodista de TV Ciudad luego de que ella hiciera una pregunta en una rueda de prensa. “Te mandan, ¿eh?”, le dijo el jerarca.
El nuevo informe se suma a lo denunciado por Cainfo en su informe anual, que dio cuenta de que en 2021, por tercer año consecutivo, el trabajo periodístico se vio amenazado o restringido, y el monitoreo de Reporteros sin Fronteras publicado este año, que constata una caída de Uruguay del puesto 18 al 44 en el ranking sobre libertad de prensa.
Para Voces del Sur “es preocupante que una de las democracias más sólidas en la región se deteriore de manera tan rápida”. En ese sentido, llamó a la sociedad civil y al Estado a trabajar en conjunto “para proteger las libertades de prensa y expresión por encima de intereses partidarios”.
Asimismo, entre sus recomendaciones, apuntó que Lacalle Pou “debe dar cuentas de las acciones de su gobierno y sus aliados políticos en contra de la prensa y frenar los avances de los miembros de su partido para criminalizar y estigmatizar a periodistas”.
