50 firmas y un local bastan en España para abrir una mezquita

Unos 400 oratorios musulmanes recorren la geografía española instalados en pisos, garajes o naves industriales. Nadie los inspecciona y hasta el 11-M ninguna autoridad se había preocupado por ellos.

Pero la masacre terrorista ha disparado la alarma sobre si el pensamiento extremista, procedente de los países del Golfo Pérsico, se está instalando entre los más de 600.000 musulmanes residentes en España. Ahora, el Gobierno quiere regular un sector en donde reina la disparidad más absoluta, ya que cada comunidad islámica es soberana y funciona como un califato independiente. Los imames son voluntarios elegidos entre el propio colectivo y, en muchas ocasiones, ni tan siquiera hablan español.Según el Corán, toda la tierra es una mezquita. Los musulmanes cumplen este precepto a rajatabla y, de hecho, 233 oratorios instalados en garajes, pisos, naves industriales y locales comerciales pueblan la geografía española. El descontrol es total en el sector, ya que se calcula que puede haber otros 200 que actúan clandestinamente. Constituir una mezquita es fácil, ya que basta con aportar un local y 50 firmas.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha puesto en el disparadero a estas mezquitas al mostrar su intención de elaborar una ley para poder controlar a sus imames.

Abrir un oratorio es relativamente sencillo en España. «Con 50 firmas y un local te montas una mezquita. Antes era todavía más fácil porque bastaba con que tres personas se juntasen y formasen una comunidad, pero, a mediados de los 90, el PP endureció los trámites», según declararon fuentes islámicas.

La anarquía reina en el sector. Un total de 233 oratorios constan en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, pero hay otros que funcionan como asociaciones culturales y cuentan con la licencia de actividades de los ayuntamientos y otros muchos actúan en la más absoluta clandestinidad. De hecho, se calcula que puede haber unos 200 en situación ilegal.

En el Ministerio de Justicia se recogen las solicitudes, que deben aportar el acta de constitución de la comunidad islámica y los estatutos, un certificado que acredite un número de fieles (unos 50) y garantizar la existencia de un local mediante un contrato de alquiler o un título de compraventa.

En seis meses, la Dirección General de Asuntos Religiosos debe responder a la propuesta y, si en ese plazo de tiempo no se pronuncia, la entidad se da por inscrita. Una vez registrada, la mezquita inicia sus actividades sin ningún tipo de control, puesto que en España existe la libertad de culto.

De hecho, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa impide que el Estado intervenga: «Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización y régimen interno». Por supuesto, el límite de sus actividades lo fija la Constitución y el Código Penal: «Podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa (…) sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación».

Sin embargo, el registro actual de Justicia es meramente descriptivo y tan sólo figura la dirección de cada comunidad y la religión que profesa. Por este motivo, el Gobierno socialista ha anunciado su intención de crear otro registro obligatorio de mezquitas e imames para reforzar la seguridad y se plantea modificar la Ley de Libertad Religiosa.

Hasta ahora, ninguna autoridad se había preocupado de estos humildes oratorios, pero, tras los atentados del 11-M, se confirmó la sospecha de que el pensamiento extremista procedente de los países del Golfo Pérsico se podía estar infiltrando entre los más de 600.000 musulmanes que viven en España. Indicios preocupantes se empiezan a ver en las calles: hombres que abandonan la chilaba marroquí por trajes de Afganistán, mujeres que cada vez se cubren más…

A diferencia de la Iglesia Católica, el islam no tiene estructura piramidal ni tampoco necesita grandes edificios para rezar. Las comunidades musulmanas funcionan como reinos de taifas y cada una de ellas es soberana, sin estar sometida a los dictados de sus propias federaciones.

Lo mismo sucede con los imames. «En el islam no hay clero establecido.El imam puede ser un miembro elegido por la comunidad en función de su confianza y autoridad. Pero hay más fundamentalismo en las grandes mezquitas que en las humildes. El control que existe es suficiente porque una comisión mixta evalúa las solicitudes que se presentan y las filtra», indica la presidenta de la asociación de mujeres musulmanas An-nisa, Jadicha Candela.

¿Y quién inspecciona a los imames? En la práctica nadie. El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas (UCIDE), Riay Tatari, afirma que desde su asociación sí que se les controla a través de charlas e intercambios de ideas, pero no in situ y eso sólo atañe a las 110 comunidades integradas en la UCIDE.

El presidente de la Asociación de Trabajores Marroquíes (ATIME), Mustafá El-Merabet, fue el primero en dar la voz de alarma, antes incluso que el ministro Alonso: «Hay una desorganización total de la práctica religiosa. El aumento del discurso radical es latente y palpable. Se está jugando con la seguridad espiritual de los musulmanes». A su juicio, no existe transparencia a la hora de predicar el Corán y proliferan los centros sin ningún tipo de control: «¿Quiénes son los responsables? Los vecinos tienen motivos para preocuparse. Hay imames que adoctrinan en la oración con jurisprudencia dudosa. Es necesario inmunizar a la comunidad musulmana». ATIME plantea, siguiendo el modelo francés, crear un censo de musulmanes y constituir consejos islámicos en cada comunidad autónoma, que a su vez designasen a los representantes del Consejo Nacional.

La lucha entre imames y ‘hatibs’

Los primeros suelen ser inmigrantes mientras que los segundos ejercen de predicadores, contratados temporalmente, y a veces aprovechan para realizar un ‘lavado islámico’

El joven, de 28 años, está preocupado por la mala influencia que estas prácticas están provocando en su zona. «En sus jutbas [sermones] los hatibs [predicadores] que traen dicen que los cristianos van a ir al infierno, que la yihad [guerra santa], ya no es un precepto colectivo, sino individual, y que todo musulmán debe golpear al kufar [infiel] donde pueda. Y si no estás con ellos, eres sospechoso. La gente de bien tiene miedo y se queda a rezar en su casa», dice.

Los expertos consideran que en España existe una gran confusión sobre el papel de los imames y de los hatibs. «Los primeros llegan normalmente como inmigrantes, con sus familias. Están integrados en sus comunidades y la mayoría trabaja. Sólo los licenciados en escuelas coránicas -como las de Al Azhar (El Cairo) o Al Karaviyin (Fez)- o que pertenecen a una asociación grande se dedican íntegramente a la mezquita. Cobran entre 400 y 1.000 euros, más la casa», asegura el sociólogo Ali Laarbi.

Según informa, los hatibs son contratados temporalmente, en Ramadán sobre todo, para dar los sermones. «Muchos llegan de Marruecos, a través del Ministerio de Asuntos Religiosos de este país, que es quien supervisa y graba sus discursos para que no se salgan de tono. Una de sus obligaciones es acabar siempre sus prédicas alabando al rey de Marruecos, considerado por ellos como el príncipe de los creyentes», señala. Problemas como los de Melilla surgen cuando estos predicadores no están autorizados. «Muchas veces, el imam no puede dirigir la primera o última oración del día y entonces llaman al hatib para que se encargue él. Y esta es su oportunidad para realizar lo que se llama lavado islámico entre los asistentes», afirma por su parte Abderraman Benyaya, presidente de la Asociación Islámica de Melilla.

La lucha comienza cuando el hatib, nada más llegar, intenta quitar el puesto del imam local. Para conseguirlo le desacredita en público y se encara con él en medio del discurso, dejándole en ridículo.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...