La movilización a favor de la supresión del IBI a la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas ha estado encabezada en las últimas semanas por el movimiento Europa Laica que, recientemente, presentó en el Congreso de los Diputados 33.500 firmas pidiendo la derogación de acuerdos como el de la Santa Sede o la propia Ley de Mecenazgo de 2002.
Aunque ha sido la movilización de varios ayuntamientos, de distinto signo político, pero con el común denominador del corsé de sus propios planes de austeridad para contener el déficit, lo que puede llevar a Madrid a replantearse la actual legislación.
Hasta la fecha solo el Ayuntamiento de la capital, dirigido por la popular Ana Botella, habría renunciado públicamente a girar recibos a la iglesia. Ha tenido en cuenta «la función social» que ésta desempeña para renunciar a un ingreso que, solo por este impuesto, ascendería a cinco millones de euros al año.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio Rouco Varela, ya ha planteado que la Iglesia pagaría el Impuesto de Bienes e Inmuebles si así llegara a determinarlo la ley -ante un hipotético cambio-, aunque también añadió que «irá en detrimento de otras acciones, como las que desarrolla Cáritas».
