28 de septiembre: aborto libre y gratuito

  Una vez más celebramos el día internacional por el derecho al aborto y por lo derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en un ambiente amenazante. Nos tememos que el gobierno de Madrid, del PP, va a volver invadir nuestras vidas, y nuestros cuerpos, para recortar el derecho al aborto. Bueno, recortar, sería un calificativo inexacto para sus pretensiones. En este caso, va a tratar de criminalizar, de forma drástica, las prácticas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Para que nos situemos bien ante esta realidad: De los 118.359 abortos que recoge la Memoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, realizados de forma legal en centros acreditados, 106.523, aproximadamente, pasarían a constituir delito, si sale adelante la reforma. Los realizados a petición de la mujer, por su propia voluntad, y dentro de las primeras catorce semanas de embarazo. Analicemos el alcance de lo que nos proponen, a la luz de lo que hasta ahora se venía practicando.

Una mirada a la legislación

            La legislación actualmente en vigor, es bien reciente. Me refiero a la Ley 2/2010, de 3 de marzo, que entró en vigor el 1 de julio, denominada Ley Orgánica de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción  voluntaria del embarazo. Sucedió a la anterior vigente, que era nada menos que la primera ley parcialmente despenalizadora, de 1985.

            Esta ley de 2010, promocionada por el PSOE, introdujo novedades importantes y algunos avances que no podemos por menos que calificar, como cualitativos en las prácticas de las IVEs. También tiene sus claroscuros, que mencionaremos, pero vamos a lo que nos interesa.

            La disposición más interesante de esta ley es el artículo 14 de la misma, que introduce, por primera vez, lainterrupción del embarazo a petición de la mujer, dentro de las primeras catorce semanas. Esto supuso un paso crucial en la conceptualización de la IVE, pues únicamente a petición de la mujer, sin dar más explicaciones, se realiza la intervención. Es decir, no hay que alegar causas, ni dar pena a nadie: simplemente la mujer decide sobre su cuerpo, en un plazo relativamente corto de embarazo, lo que supone una intervención rápida, segura y eficaz, y con el mínimo de costo en todos los ámbitos.

            A efectos del imaginario y del mundo construido, supone un gran avance, respecto a consideraciones jurídicas e ideológicas anteriores, donde se piensa que el aborto siempre es un delito, pero en determinadas circunstancias –violación, malformación de feto, salud de la mujer- se introduce una eximente, por así decirlo, y entonces no está penalizado.

            Tanto es así, y los datos nos dan la razón al movimiento feminista, que la mayoría supercualificada de las IVEs contabilizadas en centros acreditados, responden a este supuesto. De los datos luego hablamos. Sigamos con la legislación.

            Los otros tres supuestos, en los que la ley admite la realización de las prácticas de aborto inducido son las clásicas: malformación del feto e incompatibilidad con la vida o inviabilidad del mismo; violación; salud de la mujer. El límite de tiempo son las 22 semanas, a excepción de la inviabilidad del feto, que obviamente no tiene plazo, pues no es capaz de sobrevivir fuera del seno gestante en ningún período de tiempo. Estos supuestos son los supuestos clásicos, causales, que figuraban en la legislación anterior, y que por su definición requieren de comprobación de la causa alegada. No es la voluntad de la mujer únicamente la que se tiene en cuenta. Es la alegación y comprobación de una causa, más la voluntad de la mujer, que ante ese supuesto ha decidido suspender el embarazo.

Los datos

            Llevamos tres años y medio pasados de aplicación de esta legislación. Con la contradicción de que, siendo una ley aprobada bajo el gobierno del PSOE, desde diciembre de 2011 está siendo gestionada por el PP, con mayoría absoluta en el Parlamento español, quien también gobierna en la mayoría de las Autonomías, que tienen su parte de gestión.

            Los datos más completos de que disponemos proceden del año 2011, y son facilitados por el propio Ministerio. Son claros y contundentes respecto al ejercicio de la libertad de las mujeres y a lo que hemos señalado de la eficacia en la práctica del supuesto de interrupción por voluntad de las mujeres:

            – El 66,56% se realizan hasta la octava semana.

            – El 24,21%, entre la semana 9 y la 12.

            – A petición de la mujer (hasta la 14 semana) el 89,58%.

            Estos datos nos demuestran lo que siempre hemos sospechado: que las mujeres interrumpen su embarazo, de forma general, en cuanto antes, con el menor costo, en todos los sentidos para sus cuerpos y para sus vidas y que el sistema implementado es tan sencillo que presenta una eficacia muy alta. Aún a pesar de que se está realizando en muy amplio porcentaje en centros de atención privados concertados, de forma gratuita para las usuarias.

            Queremos añadir un dato más, en esta lectura. Y es que, hasta las ocho semanas, se puede realizar con relativa facilidad una IVE mediante intervención farmacológica, es decir, tomando una o más pastillas, que en la mayoría de los casos, provocarán la expulsión sin más consecuencias. Lo que es un sistema sencillísimo para que pueda ser realizado en los centros ambulatorios y centros de atención a las mujeres.

La propuesta del Ministerio

            El Ministro Ruiz Gallardón ha realizado ya varias declaraciones a lo largo de este último año y medio, desde su cartera de Justicia. Empujado por los sectores ultras conservadores y católicos y presionado de forma directa por la jerarquía católica española, se ha rendido al argumento fundamental de su ideario: el feto es sujeto de protección desde el primer día de la concepción y sólo en determinados casos y con causas muy señaladas y medidas se podrá acceder a una IVE. Todo ello dentro de una política dirigida a convencer a las mujeres de que si ellas no son capaces de hacerse cargo de sus hijos, ¡ESPAÑA SI PUEDE!, así que articulará medidas para fomentar adopciones, antes de que se elimine a “criaturas indefensas”.

            Este discurso conservador que colinda con la superchería, tiene muchos matices y argumentaciones, pero lo central desde su punto de vista es que el “nasciturus” es un niño que tiene sus derechos y el primero de ellos es el de nacer, incluso aunque sea con malformaciones invalidantes. Por eso la reforma tiene dos grandes propuestas. Desaparece el supuesto de la interrupción por voluntad de las mujeres, pasando a existir únicamente supuestos causales, mediante comprobación médica o judicial. Y desaparece el supuesto causal de malformación del feto, en beneficio, se señala, de una mejor integración de las personas discapacitadas y con diversidad funcional en la sociedad. Y esto se dice cuándo prácticamente han desaparecido los soportes económicos y de servicios para atención a la dependencia!

            Así tenemos por delante una crucial tarea, pues con esta modificación, como se ha señalado anteriormente, el 90% de los supuestos practicados pasarían a constituir delito. Y muchos de estos supuestos se pueden llevar a la práctica tomando una pastilla simplemente. O realizando una aspiración, intervención que se puede realizar en un centro de atención a la mujer o en un ambulatorio. ¿Se van a penalizar ahora estas prácticas, cuando miles de mujeres, las han realizado sin ningún síntoma de culpabilidad, ni de trauma, ni dolor? Como dicen las estadísticas se seguirán realizando, sólo que con más inseguridad, mediante pago, con menos eficacia, con más culpabilidad, con más riesgo de criminalización. Y si no se siguen realizando, ¿en qué porcentaje van a aumentar las maternidades no queridas para mayor infelicidad de las mujeres y de las criaturas así nacidas?

            La principal tarea pues, es sacar el debate a la calle. Y mediante los datos y los argumentos sumar apoyos para plantar cara a este nuevo ataque del PP.

Begoña Zabala Gonzálezes una veterana feminista y abogada laboralista. Forma parta de la Asamblea por el derecho al aborto de Navarra

mani aborto libre 2013

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