Después de que el Gobierno haya anunciado la publicación del listado de bienes inmatriculados (inscritos en el Registro de la Propiedad) por la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha negado disponer de su registro, según ha informado el responsable de Asuntos Económicos de CEE, Fernando Giménez Barriocanal.

No obstante, los obispos han mostrado su conformidad con que el Gobierno publique este listado, que se han mostrado de acuerdo “siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación”.

Barriocanal ha recordado que en España hay unas 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia católica “que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, incluida su capacidad de inmatriculación de inmuebles”.

Además, ha añadido que 23.000 parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años 90. “En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos”, ha asegurado.

El respondable de la CEE también ha considerado que el proceso de inmatriculación por certificación (procedimiento por el que las administraciones públicas territoriales y la Iglesia católica pueden inmatricular sus fincas y acceder a la condición de titular registral) “no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien”.

“El acto de registrar no concede la propiedad; simplemente, la registra”, ha matizado Barriocanal, tras lo que ha explicado que “los bienes se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general”.

Por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculación por certificación previstos en la ley, que, según ha dicho, dejaron de ser operativos en 2015, “lo único que se procuró era dejar constancia de una realidad, que es anterior al propio acto de registrarla”.

“En cualquier caso, la propia legislación prevé mecanismos para corregir los errores de dicho proceso”, dado que, ha insistido, “la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de la propiedad”.

Además ha opinado que los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España “aportan una riqueza, cultural, educativa, religiosa y, por supuesto, económica muy relevante”.

Barricanal ha hecho referencia al estudio publicado por la consultora PWC según el cual “la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aporta a la economía española unos 22.000 millones de euros al año, el equivalente al 2 % del PIB”.