“Iglesia, Estado, asuntos separados”. La consigna fue repetida hasta el cansancio en las movilizaciones por la legalización del aborto y marcó el inicio de las campañas por la separación del Estado y la Iglesia Católica. El debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, su rechazo en el Senado y la presión que ejercieron los grupos religiosos reavivaron un reclamo que tiene más de un siglo.
Aunque en forma atomizada por ahora, en Rosario unos treinta bautizados ya renunciaron a su pertenencia a la Iglesia y aparecieron los primeros pañuelos que simbolizarán la causa: así como los verdes marcaron la pelea por el aborto legal, esta semana aparecieron los naranjas y los negros —hay dos campañas a nivel nacional—, que serán insignias de esa nueva batalla por la secularización.
La discusión por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos abrió la puerta el nuevo debate. No casualmente uno de los cantos más populares en el movimiento feminista dice: “A la Iglesia Católica Apostólica Romana que se quiere meter en nuestras camas”, para figurar la presión que los sectores religiosos ejercieron fundamentalmente desde que la ley de legalización del aborto obtuvo en junio la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
Así, en la previa al 8 de agosto (8A), cuando el debate desembarcó en el Senado, comenzaron a circular los grupos que propician la Apostasía Colectiva, un trámite de renuncia a la Iglesia Católica que bajo el lema “No es mi nombre” se transformó en un gesto político que busca restarle representatividad a la institución eclesiástica.
Esa movida que se inició en Capital Federal, donde la Coalición por un Estado Laico viene trabajando desde 2011 y puso en marcha la Campaña Nacional por la Separación de la Iglesia del Estado, que ya tiene representantes en la ciudad a través del grupo Estado Laico Ya Rosario.
Identificados con pañuelos negros y naranjas, en la previa al 8 de agosto se sumaron a los trámites de apostasía, repartieron los formularios necesarios para hacer formal la renuncia ante las autoridades de la Iglesia, y lograron reunir la documentación de unas 30 personas, contó Abril Moine, una de las representantes del grupo.
La joven de 18 años y estudiante del Instituto Politécnico, contó que a nivel nacional fueron más de 2 mil las renuncias que se concretaron y recalcó que en Rosario fueron más de un centenar las personas que luego del 8A se acercaron a través del grupo para pedir los papeles para llevar adelante el trámite.
Lo cierto es que los pañuelos negros empiezan a verse. Tímidamente, en la esquina de Sarmiento y Córdoba, Abril y sus compañeros entregaron una primera tanda de 200. “Es el símbolo de este reclamo, así como el verde lo fue al aborto, ante una institución que se opuso desde la abolición de la esclavitud hasta la educación sexual, el matrimonio igualitario y ahora, al aborto”, dijeron. Y este jueves entregaron otros 250 en la plaza Montenegro. Para el domingo 26, preparan otra jornada de entrega, con propuestas de charlas y debates.
Los naranjas
Con otro color, aunque con los mismos objetivos, el Centro Cultural La Toma fue el escenario de la Primera Asamblea donde la Campaña Federal por un Estado Laico hizo una entrega de pañuelos naranjas en busca de fondos para solventar la movida, unificar criterios con los diferentes grupos que en forma inorgánica vienen impulsado el reclamo de un Estado laico y con la participación del grupo Apostasía Colectiva Rosario, dar información sobre el trámite.
Juan Ignacio Alvarado tiene 29 años, es jujeño, pero ya lleva varios años viviendo en Rosario. Acá a través de un grupo en la red social Facebook se convirtió en el impulsor de la campaña que asegura “busca sacar a la moral cristiana de los debates de las políticas públicas”.
Ambos jóvenes reconocen que esta nueva pelea por delante “nace al calor del debate por aborto”, y admiten “el enorme camino recorrido por el movimiento de mujeres y el feminismo, que viene desde hace ya muchos años planteando estas cuestiones”, indicó Juan Ignacio.
“Abolir los dogmas religiosos sobre las decisiones de instituciones públicas como el congreso, las universidades, las escuelas y los hospitales; y debatir políticas publicas al margen de los cultos personales”, es uno de los principales planteos que hacen desde la campaña, al tiempo que ponen en cuestión parte del artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual reconoce a la iglesia católica apostólica romana como persona jurídica pública.
“Es de allí de donde la Iglesia se vale para obtener y mantener todos sus privilegios, como los económicos”, explicó Juan Ignacio. A eso se suman cinco decretos firmados durante la última dictadura cívico-militar que, según indicaron, que “mantienen el privilegio de arzobispos, obispos, auxiliares y seminaristas a percibir una asignación mensual superior a los 40 mil pesos y a jubilaciones de privilegio”.
No en mi nombre
Belén Grassini afirma que “hay que aprovechar este clima y coordinar esfuerzos”. Es que la mujer de 40 años lleva más de una década como parte del grupo Apostasía Colectiva, un espacio que en las últimas semanas retomó “fuerza y actualidad”.
El grupo se había creado en Rosario y Belén, como representante, participó de la asamblea justamente para sumarse a las campañas por el Estado laico, y además brindar asesoramiento sobre el trámite de apostasía, la documentación necesaria y la forma correcta de hacerlo.
“Las visitas en la página de Facebook (Apostasía Colectiva Rosario) aumentaron un mil por ciento”, contó Belén, y señaló que el planteo central de quienes consultan “es que no se sienten representados por la Iglesia”, y agregó: “Fuimos bautizados, pero queremos que nos saquen de los registros para dejen de hablar en nuestro nombre”.
