Con el objetivo de tener un punto de análisis inicial respecto del elemento central del título, es necesario aclarar que la Educación Laica la entendemos como aquella que se sustenta en la libertad, la ciencia, los más altos ideales humanistas, libre de todo prejuicio y separada de la influencia de dogmas de cualquier tipo.
Dentro de este paradigma de la educación, que fomenta el libre pensamiento y la búsqueda de la verdad a través de métodos verificados científicamente, no se puede admitir que se ocupen los espacios de aprendizaje para fidelizar y aumentar el número de feligreses de una religión o credo determinado, ya que desde la perspectiva de la racionalidad del mundo laico, la educación tiene por objetivo enseñar a pensar y no adoctrinar, y desde la mirada del desarrollo libre del espíritu, se entiende al profesor como un profesional de la educación, que forma personas con pensamiento crítico y no como un misionero, cuyo propósito de vida es evangelizar.
En estos tiempos en que reina la postverdad; donde se compite por todo y los valores universales como la verdad, justicia, honorabilidad, probidad y la decencia, cada vez, son más difusos, es imperativo fortalecer una Educación Laica que sea capaz de inculcar valores y principios que muevan el actuar de las personas, además de preparar y formar ciudadanos responsables y comprometidos con la comunidad, a través del fortalecimiento y desarrollo de habilidades de carácter social, comunicacional, de liderazgo, vinculación y con capacidad para gestionar proyectos que beneficien a su entorno.
Expuesto lo anterior, la tarea de la Educación Laica es determinante a la hora de construir un país democrático, sustentado en valores republicanos, donde efectivamente la comunidad respete, comparta y viva valores universales como la Libertad, Igualdad y Fraternidad, y, por ello, es razonable postular que todo lo vinculado con la fe, las creencias y el dogma sea una cuestión propia de las decenas de miles de centros religiosos que existen hoy en nuestro país.
Considerando lo anterior es razonable, prudente y hasta respetuoso solicitar al Estado que tenga un actuar democrático y republicano, dado que finalizando la segunda década del Siglo XXI, en la práctica, a los colegios se les obligue a dictar clases de religión y, lo peor de todo, con el uso de recursos del Estado.
Maximiliano Díaz Soto
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