Está claro que no quieren perder nada de sus sustanciosos privilegios para seguir adoctrinando en las escuelas en las mejores condiciones y mantener su gran negocio de las escuelas católicas.
Los obispos manifestaron este jueves su «profunda preocupación» tras la reforma «urgente e inmediata» de la Lomce anunciada el miércoles por la ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso de los Diputados. No están de acuerdo sobre todo en dos aspectos: la posiblidad de limitar la oferta de la edudación concertada y la decisión de despojar a la asignatura de Religión de su valor académico.
Tras las reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, los prelados consideran necesario recordar al Gobierno que «la libertad religiosa y a la educación» son «derechos inalienables» de la persona humana reflejados en la Constitución y en los tratados internacionales a los que España se ha adherido. Dentro de ese marco jurídico, añaden, «los padres tienen derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos».
Los obispos tampoco miran con buenos ojos la decisión del Gobierno de que la asignatura de Religión deje de contar para la nota media del curso y defienden que «debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo». Según apuntan, dicha materia «es necesaria para una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres». Además subrayan que «no puede ser sustituida por una ética del estado impuesta por los poderes públicos».
El sistema educativo español, que engloba la educación pública, concertada y privada, no sólo es un modelo «consolidado en nuestro ordenamiento, que respeta la libertad de elección de los padres», segun el Comité Ejecutivo, sino que además es el resultado del consenso de todas las formaciones políticas y sociales de la Transición Española y que se plasmó en la Constitución de 1978. «Deseamos que el espíritu de la Constitución no sea ahora despreciado, minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige la cohesión social».
El Comité Ejecutivo está integrado por los cardenales Ricardo Blázquez (Valladolid), Antonio Cañizares (Valencia), Juan José Omella (Barcelona) y Carlos Osoro (Madrid). Lo completan los obispos Vicente Jiménez (Zaragoza)y Jesús Sanz Montes (Oviedo). En él también participa el secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo.
