La asociación UNI Laica exige el fin de los Acuerdos con la Santa Sede que amparan la confesionalidad universitaria

Solo la universidad pública laica es una universidad democrática y digna, al servicio de la inteligencia, de la libertad de conciencia y, en definitiva, de toda la ciudadanía.

La llegada al gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez como presidente, ha hecho renacer las expectativas sobre la derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, si bien hay quienes prefieren hablar de “revisión”. ¿Cómo afecta esta cuestión a la  Universidad?

La Universidad pública española sigue exhibiendo una confesionalidad católica que se manifiesta mediante la existencia de capillas y símbolos religiosos, convocatorias y realización de ceremonias litúrgicas, participación de autoridades académicas en misas u ofrendas a entes sobrenaturales, etc.

Pero lo más grave es que todas las universidades públicas españolas, bien obligadas por los Acuerdos con la Santa Sede, bien utilizándolos como coartada, ofrecen cursos de adoctrinamiento religioso.

Estremece observar que tanto el Grado en Maestro en Educación Infantil como el Grado en Maestro en Educación Primaria incluyen necesariamente la oferta de extensos módulos de enseñanza confesional católica. Las universidades españolas organizan esos módulos, además, para que cumplan el requisito académico que la Iglesia católica exige a los maestros para impartir clases de religión en los centros escolares, es decir, la “Declaración Eclesiástica de Competencia Académica” (DECA). En otras palabras, la universidad pública española prepara adoctrinadores religiosos infantiles, con lo que es cómplice de una intolerable agresión a la libertad de conciencia y al buen desarrollo intelectual y moral de la infancia y la juventud.

Para hacerlo, las universidades se remiten explícitamente a dos Resoluciones de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por las que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros del 14 de diciembre de 2007, en el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil y de Maestro en Educación Primaria. Esas Resoluciones dicen en sus Anexos 4.2: “los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil/Primaria, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo cuarto del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales”.

Ese nefando artículo obliga a “La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”, si bien se concede, con magnanimidad, que “tendrá carácter voluntario para los alumnos”.

A menudo, a las autoridades universitarias esta instrucción religiosa, hoy ofrecida en los grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, no solo no les escandaliza, sino que debe parecerles insuficiente, ya que ofrecen graciosamente (es decir, no obligadas por los Acuerdos con la Santa Sede) cursos específicos “propios”, adicionales, de 600 horas, para la obtención de la misma DECA. Todo ello es una aberración intelectual, pues la instrucción confesional se opone frontalmente a la exigencia de rigor científico de la universidad. Pero, además, es una perversión ética, al apartarse de la neutralidad en materia de convicciones exigible a la más alta instancia académica. Por último, se trata de una vileza antidemocrática, pues las enseñanzas confesionales en los centros universitarios públicos se oponen a la aconfesionalidad del Estado exigida por la Constitución.

La extrema gravedad de todo lo anterior se refuerza, en algunas universidades públicas, con la adscripción de centros de magisterio de la Iglesia católica y con la creación de cátedras de teología católica que no existían desde el siglo XIX (es decir, que ni con Franco se tuvo esa osadía).

Cuando, desde UNI Laica, nos quejamos de estos hechos a las autoridades académicas, la respuesta es que no pueden hacer otra cosa debido a los Acuerdos con la Santa Sede. Si bien esto es una mera coartada para el caso de los cursos propios, de las cátedras y de los centros adscritos, no parece serlo para las enseñanzas regladas de los grados, de modo que la autonomía universitaria española está gravemente limitada por los intereses de otro Estado, la Santa Sede (es decir, la Iglesia católica). Podemos decir que la universidad pública española se prostituye en virtud de unos Acuerdos que, recordemos, no son sino una actualización del Concordato franquista de 1953, propio del Estado nacional-católico, pero aún vigente.

Por consiguiente, desde UNI Laica exigimos la inmediata anulación (derogación o denuncia) de los Acuerdos con la Santa Sede que obligan a la enseñanza religiosa universitaria, y de toda la normativa derivada en el mismo sentido. Tras ese saneamiento democrático, urge eliminar las asignaturas confesionales de todos los planes de estudios de los Grados en Maestro en Educación Infantil y Primaria, así como suprimir el resto de enseñanzas confesionales ofrecidas por las distintas universidades públicas mediante cursos de DECA, cátedras confesionales, centros eclesiásticos adscritos, etc.

En UNI Laica también consideramos, como es obvio, aberrantes, los apartados de los Acuerdos que favorecen el adoctrinamiento religioso en la escuela, por lo que asimismo deben desaparecer. En realidad, es incompatible con una democracia la totalidad de unos Acuerdos que constriñen el Estado de derecho en beneficio de un Estado teocrático, por lo que la solución no es una mera revisión –como algunos reclaman–, sino la derogación total y definitiva.

Por descontado, lo dicho anteriormente, relativo a la presencia de religión católica en la universidad, es extensible al resto de confesiones religiosas (o, en su caso, de otras creencias o ideologías particulares), de modo que deben anularse cualesquiera acuerdos que posibiliten los correspondientes adoctrinamientos en el ámbito de la enseñanza.

Solo la universidad pública laica es una universidad democrática y digna, al servicio de la inteligencia, de la libertad de conciencia y, en definitiva, de toda la ciudadanía.


Publicado en:

Nueva Tribuna

El Plural

Tercera Información

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