Critica la “incoherencia e indefinición” de PP y Cs y reivindica que ahora hay 500 profesores más y con mejores condiciones en la concertada
El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha defendido que el modelo de su departamento sobre la enseñanza concertada está “claro: escuela pública y donde no llegue, concertada, pero no más allá”. Por contra, ha dicho, que desconoce cuál es la propuesta de la oposición y ha criticado la “incoherencia total” del PP y la “indefinición” de Ciudadanos.
El debate sobre la concertada ha vuelto a primera línea esta semana tras la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que en la que anunciaba que el Gobierno derogará algunos artículos de la LOMCE –como el 109.2 que permite que la programación de la oferta de plazas escolares se establezca por “demanda social”– para que la concertada sea “complementaria de las necesidades de escolarización”.
Preguntado sobre la escuela concertada, el titular de Educación de la Generalitat valenciana ha aseverado, en una entrevista concedida a Europa Press, que esta red “tiene todo el sentido del mundo cuando la oferta pública no llega a atender bien a todos los niños y niñas, pero no tiene ningún sentido que la oferta se duplique cuando no hay ningún alumno que se haya quedado fuera (de plazas públicas) porque no es un uso eficiente de los recursos”.
Marzà se ha referido a la decisión de la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de reconocer el derecho a ocho centros de Valencia y Alicante a renovar los conciertos educativos al considerar, en la mayoría de los casos, que la negativa de la Conselleria de Educación a esa renovación no está motivada ni justificada como exige la jurisprudencia del alto tribunal.
Al respecto, el conseller ha apuntado que se trata de “una cuestión de modelo”. “Lo que está determinando la sección cuarta del TSJ, para nosotros, es un cambio de modelo; no lo compartimos y, por lo tanto, vamos a recurrir hasta que se pronuncien las instancias más altas porque tenemos clarísimo que la escuela concertada tiene todo el sentido del mundo cuando la oferta pública no llega a atender bien a todos nuestros niños y niñas, pero no tiene ningún sentido, y nos reafirmamos, que la oferta se duplique”, ha argumentado.
“Pensamos –ha proseguido– que tiene que ser un debate político y no tanto jurídico porque para nosotros está fundamentado, y por eso llegaremos donde haga falta, que cuando un oferta está suficientemente acreditada no se ha de seguir sobreofertando con dinero público”.
Aquí ha invitado a los partidos valencianos en la oposición a que digan cuál es su propuesta. En primer lugar, ha achacado “indefinición” a Ciudadanos, que “dice que se tiene que hacer un uso eficiente de los recursos públicos y en Murcia y otros territorios apoyan enmiendas que quitan dinero en los conciertos, después dicen todo lo contrario; en el el programa decían que el concierto debía ser complementario pero aquí reclaman lo contrario”, ha afeado.
En el caso del PP, ha acusado a esta formación de “incoherencia total” y ha subrayado que ha sido el gobierno del Botànic “el que ha recuperado derechos laborales de los trabajadores de la concertada a los que el PP les debía más de seis millones de euros desde 2009 y nosotros lo hemos pagado”.
En esta línea, ha recalcado que en la actualidad hay en el sistema 500 profesores más en centros concertados que en mayo de 2014 y muchos de ellos docentes de atención especial y de FP básica. “Es decir, aquellos que atienden al alumnado en riesgo de exclusión en coherencia con aquello que nosotros siempre hemos dicho: si un centro privado concertado está haciendo una función social tendrá más recursos”.
Asimismo, ha reivindicado que desde la Conselleria “se han mejorado las condiciones laborales” de estos docentes “y lo vamos a seguir haciendo”.
En este contexto, la Conselleria hará efectivo a partir del próximo curso el pago de los meses de julio y agosto a los profesores interinos de la concertada. De esta manera, todos aquellos que trabajen desde el 1 de septiembre de 2018 ininterrumpidamente cobrarán estos meses de verano. La inversión prevista para este fin es de 877.000 euros. También se aumentará para la concertada la baja de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir del curso que viene, lo que tendrán un coste estimado de un millón de euros.
Vicent Marzà ha concluido: “Tenemos claro que todo el servicio público debe tener unas buenas condiciones para los niños y que primero las ha de marcar la publica y, donde esta no llegue, concertar, y vamos a seguir haciéndolo así”.
