La educación religiosa obligatoria había sido incorporada en 2008, bajo gobierno de Urtubey. Este año, la Corte Suprema la declaró inconstitucional.
Siguen las malas noticias para la Iglesia Católica Argentina. Hasta hace poco, Salta era una de las provincias argentinas, junto con Catamarca y Tucumán, con enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas. La medida fue implementada en 2008, bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey, entonces aliado de la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Luego de años de lucha de asociaciones de padres y madres, así como de los propios estudiantes, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional algunos de los artículos de la Ley provincial de Educación que establecían la obligatoriedad de la catequesis. Pasó, entonces, a considerarse una materia optativa, dictada a contra turno, tal como ocurre en Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero.
Ahora, la ministra de Educación salteña Analía Berruezo dio a conocer que solo 16 mil alumnos, sobre 450 mil matriculados, se anotaron para recibir clases de religión a contra turno. Es decir que solo el 3,55% de los alumnos continúa recibiendo educación religiosa.
¿Por qué se siguen destinando, más no sea en contra turno, los recursos de la educación pública a ofrecer una catequesis que solo una pequeña minoría de los estudiantes quiere recibir y que se podría obtener en las instituciones eclesiásticas, también financiadas por el Estado? No parece haber respuesta lógica al interrogante más que constatar que el fallo de la Corte Suprema, si bien declaró que la catequesis no puede ser obligatoria, no estableció la laicidad de la educación. Es decir: se continúa permitiendo que la Iglesia Católica se haga de recursos de las escuelas públicas, que se suman a los abultados sueldos que ya reciben los obispos y, por supuesto, a los subsidios que reciben las escuelas privadas y confesionales.
Separación de la Iglesia y del Estado
El bajísimo número de chicos interesados en la catequesis parece consistente con otras estadísticas. Según un estudio de Poliarquía del año 2010, si bien el 76% de la población de identifica como católico, solo el 31% se considera practicante. Más aún, el 88% de la población no aprueba que el Estado brinde apoyo económico a la Iglesia Católica.
Sin embargo, a pesar de lo que opinan las mayorías, las instituciones del Estado hacen de las suyas. De hecho, desde el punto de vista de la legislación vigente, la laicidad de la educación pública está cuestionada en todo en todo el país.
No casualmente fue el Senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño, quien propuso en 2015, junto a un grupo de senadores, la derogación de la Ley 1420, conocida como Ley de Educación Común. Esta normativa, sancionada en 1884, fue célebre por instaurar la educación pública obligatoria, laica y gratuita y restringir la educación religiosa a la esfera optativa por fuera del horario escolar.
Con la misión de ordenar el sistema de leyes, descartando aquellas que hayan sido superadas, la Comisión Bicameral ratificó la derogación integra de esa ley, aparentemente superada por la Ley de Educación Nacional 26.206 y las leyes provinciales en vigor. Sin embargo, un grupo de juristas objetó ese procedimiento, señalando la vigencia del Artículo 8 de la susodicha Ley 1420, que sintetiza la garantía del carácter laico, aspecto que no contempla la 26.206.
Así, si bien la actual relación de fuerzas no parece dejar margen para que la Iglesia, en retroceso luego de la media sanción a la legalización del aborto, avance sobre la educación pública, las puertas están abiertas en caso de que puedan hacerlo en el futuro. La resolución de la Corte Suprema con respecto al caso salteño es un antecedente insuficiente, que no pone en cuestión el vacío normativo acerca de la laicidad de la escuela pública.
Como plantea el Frente de Izquierda, es imperioso conquistar una verdadera separación de la Iglesia y el Estado. Basta de financiar a la institución con fondos públicos. Los curas, a laburar.
