Puerto Rico: Iglesia Católica acude al Supremo federal para no pagar pensiones tras la sentencia condenatoria que establece el embargo de bienes

Tras un revés en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Iglesia Católica acudió el viernes pasado al Tribunal Supremo federal para lograr la paralización de la determinación del Alto Foro local que obliga a la institución religiosa a pagar las pensiones atrasadas, y futuras, de los maestros retirados de los colegios católicos aunque eso conlleve el embargo de bienes de la institución.

Como parte del procedimiento ordinario, el Supremo federal indicó a los abogados de los maestros retirados que tienen hasta este miércoles a las 3:00 pm para expresarse sobre esa solicitud.

De hecho, la solicitud de la Iglesia no está todavía ante el pleno del Supremo federal, sino ante el juez Stephen Breyer, conocedor de los asuntos de Puerto Rico y, junto con la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, los únicos disidentes en el caso de Sánchez Valle v. ELA. Si el juez Breyer evalúa los argumentos y acepta la solicitud, entonces pasaría a una evaluación del pleno del Supremo federal donde intervendrían los demás jueces.

Aceptar la solicitud también tendría el efecto de detener los pagos atrasados de al menos $4.7 millones a los maestros y el proceso de embargo de bienes.

En esencia, las dos controversias que se le presentan al Supremo federal son: a) si se le permite a un tribunal, bajo la Primera Enmienda de la Constitución federal y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, imponer responsabilidad legal a todas las entidades asociadas a una organización religiosa obviando la estructura de esa organización y b), si se le permite a un tribunal, bajo las leyes mencionadas y bajo el Debido Proceso, imponer la confiscación de bienes a una entidad religiosa sin fianza o aviso.

“En una movida que recuerda las incautaciones de propiedades de la Iglesia durante la Revolución Francesa, una mayoría 6-2 del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha emitido una orden final que instruye a la confiscación de propiedad de todas las seis diócesis apostólicas, romanas, separadas e independientes en Puerto Rico, así como todas sus 338 parroquias y otras entidades católicas, para asegurar un potencial veredicto contra tres escuelas católicas”, enmarcó la Iglesia en su solicitud.

Letanía de males si ocurre un embargo

En su argumento de persuasión sobre los efectos que tendría la continuación de la orden de pago y de embargo, la Iglesia manifestó que “todos los puertorriqueños sufrirían si, por razón de la orden de embargo, la Iglesia Católica se queda incapacitada de responder a desastres naturales”.

El embargo de bienes, añadieron, tendría el efecto de “interferir con la capacidad de los católicos puertorriqueños de tener acceso a los ritos básicos de su fe”. “Y la incautación de inmuebles propendrá a que decenas de curas, monjas, seminaristas y estudiantes queden sin techo”, añaden.

Hasta las emisoras de televisión y radio de la Iglesia están incluidas en la argumentación en el sentido de que, si fueran embargadas, la Iglesia se quedaría sin activos “para cumplir con su llamado de propagar la fe”.

También, que el embargo atenta contra la nómina, incluyendo la nómina de otros maestros en colegios católicos.

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