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El PSOE quiere que se apruebe la semana que viene la regulación de la eutanasia

El PSOE quiere que se apruebe en el Pleno del Congreso de la semana que viene la regulación de la eutanasia y que ésta se incluya en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y sea de financiación pública.

Según ha explicado la portavoz socialista, Adriana Lastra, se trata de la proposición de ley que su grupo registró el pasado mayo, cuando estaba en la oposición, y que va más allá de sacar la eutanasia del Código Penal, ya que “da respuesta al ejercicio de ese derecho y cubre legalmente todo el proceso, desde que la persona toma la decisión”.

Lastra se ha mostrado convencida, en rueda de prensa en el Congreso, de que el “elevado consenso social” que existe en torno a este asunto —el 70% de los españoles están de acuerdo en regular la eutanasia, según el CIS— generará un consenso similar en la cámara. La ley que pretende aprobar el PSOE supone dar “un paso más” a la que presentó Cs sobre cuidados paliativos y muerte digna.

La propuesta socialista regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos y descarta que ésta pueda realizarse bajo “presión externa de cualquier índole”. Según el texto, derecho a la eutanasia tienen las personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable, y también aquellas “que deciden no vivir más” en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un “sufrimiento insoportable”.

Los solicitantes deben tener nacionalidad española o residencia legal en España y disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos. Deberá haber formulado la solicitud de manera voluntaria por escrito y firmarla en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará, tras lo que se abre un plazo de quince días.

Posteriormente habrá un periodo de diecisiete días para que la petición sea analizada por otro médico y finalmente se pondrá en conocimiento de la Comisión de Evaluación y Control, un proceso que no puede durar menos de 32 días, mientras que la solicitud podrá ser revocada en cualquier momento.

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