El Gobierno provincial gastará $11.460.000 para restaurar una iglesia. ¿Y la separación de la Iglesia del Estado?
Mientras los refugios destinados a las mujeres víctimas de violencia no se encuentran en funcionamiento, y miles de trabajadores sufren el ajuste, los tarifazos, los bajos salarios, la precarización laboral, los despidos y las suspensiones, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá destinará más de 11 millones de pesos a la restauración de una iglesia, mostrando claramente una política que prioriza lo espiritual por sobre las necesidades reales de las mujeres y los trabajadores en la provincia.
La financiación a la Iglesia católica ha sido y viene siendo una práctica habitual de todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales. En 2014, el ex Gobernador Claudio Poggi financió la mitad del costo millonario de los arreglos de la Catedral de la capital puntana. Ya en una gestión gubernamental anterior, Alberto Rodríguez Saá había realizado un aporte no reintegrable de miles de pesos destinado a refacciones de otras dependencias religiosas. Ahora, la historia se repite porque lo hizo de nuevo.
Mientras tanto, durante el año 2017, desde el Ejecutivo Provincial sólo se destinó un 0,17% del presupuesto anual para las problemáticas de violencia de género y un magro 0,01% para programas de asistencia, seguimiento y capacitación a las víctimas. Es decir que, para el gobierno de Rodríguez Saá y todos los legisladores que votaron a favor del presupuesto anual de ese año, la violencia machista se combate destinando por mujer tan solo $0,41 por día y $149,65 al año.
A ello se le suma que el Estado Nacional gasta $130 millones en sueldos a obispos y sacerdotes católicos. Asimismo, la Iglesia católica se beneficia de asignaciones por jubilación y asignaciones para obispos que están en zonas desfavorables, de becas a todos los seminaristas, de pasajes gratuitos en territorio nacional y en el exterior, de subsidios a la educación privada con sus colegios, escuelas y universidades, y de la exención impositiva para todas sus propiedades.
En medio del debate nacional acerca del pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el ajuste fiscal que el macrismo quiere lanzar, afectando lógicamente a los trabajadores y sectores populares, es más que evidente la necesidad de que la clase trabajadora imponga mediante la movilización y el paro general un ajuste sobre los sectores que más fortuna acumulan y más privilegios tienen: los empresarios, banqueros, especuladores, terratenientes y … la Iglesia católica.
La separación real de la Iglesia del Estado plantea esta perspectiva junto a la demanda de mayor presupuesto para atender las necesidades reales de las mujeres víctimas de violencia.
