Vuelve a plantearse, con machacona insistencia, la presunta relevancia moral de una enseñanza religiosa en el ámbito estudiantil, ahora con la anunciada remodelación de los horarios asignados a esa materia inserta en el currículo escolar. No es una discusión ni nueva ni irrelevante, sobre todo por el fondo del asunto.
Las creencias religiosas, cuyos postulados más radicales han acarreado algunas de las mayores tragedias a la Humanidad, han combatido con saña, y se sigue haciendo por otros medios, a todo disidente, ha servido, al tiempo, de pauta para el embaucamiento de adeptos en las más peregrinas doctrinas, religiosas y políticas (algunas muy actuales), ya que el concepto de adoctrinamiento remite a pautas de todo tipo en lavados cerebrales. Su base no es otra que apelar a hechos que no pueden ser contrastados de forma inteligente, no servil, ni resisten análisis de veracidad. Su cuna, la Filosofía, al menos tiene, desde hace siglos, la dignidad de poner en cuestión toda afirmación dudosa, permitiendo la convivencia de múltiples formas interpretativas de fenómenos similares, desde la base de que estamos hablando de ideas que soportan mal una materialización concreta. Desde esta perspectiva imponer en la formación de los jóvenes, desde la más temprana edad, el adoctrinamiento obligatorio en determinadas creencias es una aberración docente, para la Ética pública (que obliga a todos en la convivencia social) y para la Moral privada, al imponer un tipo de valoraciones forzadas.
Para que todo individuo pueda tener el bagaje suficiente para poder valorar de forma racional, en su maduración cognitiva y social, se le tienen que dotar en la escuela de las herramientas adecuadas para que utilice su inteligencia discriminatoria, a modo de filtros imprescindibles en el bombardeo cotidiano al que le someterán los mercados en su vida, todos ellos desde los económicos hasta los de opinión. No se entiende que se apele a un fantasmal y arbitrario derecho a decidir, inexistente en cualquier país o colectivo racionalmente organizado, cuando esta sociedad no ha sido adiestrada en el discernimiento sensato que le permita distinguir entre las ensoñaciones y la realidad cambiante y agresiva con la que tendrá, tarde o temprano, que convivir. Parece, por esto, que hemos vuelto a alterar el orden lógico de nuestras prioridades en la necesaria transmisión de experiencias y conocimientos. Un Gobierno suprimió la enseñanza de la Filosofía, por “inútil”, y a cambio siguiendo unos Acuerdos trasnochados y decimonónicos con la Iglesia Católica, repuso la enseñanza obligatoria de Religión a menores sin defensas intelectuales para discernir entre unas creencias particulares y la Ciencia. Se siguió sacando algo tan vital en la convivencia, como Educación para la Ciudadanía, y ahora, imponiendo unos Acuerdos con una Confesión, metidos con calzador, negociados con carácter previo y ajenos al debate público, que vulneran aspectos básicos de la obligada Igualdad cívica, y reforzando privilegios extemporáneos, siguen haciendo el consabido chantaje emocional a España.
Solo cabe la posición gubernamental, razonada y consensuada, de la denuncia formal de esos Acuerdos, con el emplazamiento para su sustitución cuando se hayan estudiado, debatido y aprobado actualizaciones esenciales en nuestra Carta Magna. Mantener esta situación de inseguridad jurídica no favorece a nadie, en un ámbito esencial de libertad de conciencia y, aunque se dude, ni a los propios creyentes católicos o de otras confesiones religiosas.
Francisco González de Tena, sociólogo.
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