La coeducación es fundamental para afianzar la convicción en la igualdad efectiva, para la prevención de actitudes machistas y violencia de género
La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos y por ello todos y todas tenemos opinión, juicio e incluso ideología educativa. La sentencia que acaba de pronunciar el Tribunal Constitucional (TC) ante un recurso presentado contra la LOMCE evidencia este sentir, ya que deja claro que, sobre cuestiones educativas, hay claras discrepancias incluso entre los miembros del alto tribunal.
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende, de ahí la necesidad de la coeducación: niños y niñas aprendiendo, socializando juntos y juntas desde las edades más tempranas, en el espacio idóneo para ello que es la escuela. La coeducación es fundamental para afianzar la convicción en la igualdad efectiva, para la prevención de actitudes machistas y violencia de género, para aprender a convivir más democráticamente.
La sentencia del TC con motivo del recurso del PSOE contra la LOMCE es una mala noticia para la sociedad española porque supone una regresión en la lucha por una sociedad democrática, libre de la lacra del sexismo, y no nos puede dejar impasibles. Es un paso atrás en la historia, retornando a un momento anterior a 1970, cuando se implantó en el Estado la educación mixta preconstitucional.
El reconocimiento plasmado en la sentencia de la existencia de “potencialidades propias de cada uno de los sexos” que justifican que las enseñanzas de los niños, niñas y adolescentes, se impartan en establecimientos escolares o en aulas separadas, en todas o en algunas materias, no se sustenta en base científica alguna; no existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres en relación a sus capacidades intelectuales. Es inconcebible que en la actualidad se planteen estos argumentos y se omitan los reales, que las diferencias principales de género son meramente culturales.
Y no es que simplemente se avale la segregación por sexos, sino que se ratifica el derecho a que este “modelo pedagógico” sea subvencionado con fondos públicos, excediendo la interpretación de la Constitución en relación a la libertad de enseñanza y proporcionando una cobertura a los centros concertados que debe venir solo por la vía legislativa.
Considero privativo, excluyente y contraproducente para la formación integral de nuestros jóvenes que la sentencia ratifique la obligación de elección entre religión o valores. A pesar de que la Constitución y la misma sentencia recogen que los valores constitucionales deben ser objeto de estudio, la realidad es que en nuestros centros los alumnos y sus familias deben elegir, por lo que no se garantiza la formación en valores cívicos y democráticos para todos y todas. En una sociedad como la que vivimos es imprescindible una educación cívica para comprender mejor lo que nos rodea y actuar con respeto y tolerancia de acuerdo a nuestros principios comunes como sociedad.
La participación democrática debe ser igualmente un principio que se trabaje desde las edades tempranas, de tal manera que nuestros niños y niñas aprendan valores practicando la democracia en el aula, con métodos de trabajo que promuevan la búsqueda del consenso y la participación activa. En mi opinión, la sentencia del TC descafeína el valor de la participación. No parece razonable que después de años de haber experimentado altos niveles de participación escolar, de desarrollo de escuelas democráticas y participativas, se restrinjan derechos que van en contra de principios contemplados en la Constitución. No es un buen ejemplo para nuestros niños y niñas, y resulta poco o nada motivador para los padres y madres, cuya cooperación es muy demandada por el profesorado.
Tampoco estoy de acuerdo con ningún tipo de segregación educativa, ni por sexo, ni por itinerarios ni por rendimiento educativo; es una cuestión de principios y de convicciones educativas. No es positivo un modelo que separa y estigmatiza. Tampoco es bueno que siga existiendo un modelo educativo que pone barreras a la formación.
El Constitucional ha dictado sentencia, pero ha generado serias dudas sobre los argumentos esgrimidos y cuatro votos particulares muy discrepantes dejan claro las diferencias ideológicas existentes. Nuestra Constitución es una norma amplia que permite distintas interpretaciones y, lamentablemente, un modelo educativo como el de la segregadora LOMCE; pero también otros modelos orientados hacia una mayor igualdad y progreso social.
María Luz Martínez Seijo es secretaria de Educación y Universidades del PSOE.
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