Los propulsores del proyecto de ley de libertad religiosa no lograron que la Cámara de Representantes pasara por encima del veto del gobernador luego de que la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) constatara que no contaban con los 34 votos requeridos.
Esta cifra representa dos terceras partes del total de integrantes del cuerpo legislativo y es el mínimo requerido por la Constitución para que la Cámara o el Senado vayan por encima de un veto.
Esta tarde un grupo de religiosos se dio cita al hemiciclo de la Cámara de Representantes, y hasta una estación de radio instaló su equipo en el palco de prensa, anticipando que la se rebelaría contra el gobernador.
“Lo van a aprobar de otra manera”, dijo el pastor Ricky Rosado a El Nuevo Dia. Luego explicó que se refería a que la mayoría penepé hará otro intento cuando se llene la vacante de Ramón Luis Rodríguez Ruiz, expulsado el jueves pasado.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares vetó el proyecto el 7 de febrero.
La medida dispone que el gobierno no podría imponer una “carga sustancial” al libre ejercicio religioso de una persona, “aún cuando la carga resulte de la aplicación de una acción estatal de aplicación general…”. Hay dos excepciones: que la acción estatal cumpla con un interés gubernamental apremiante y que esa acción sea el medio menos oneroso.
Según opositores de la pieza legislativa, este proyecto busca establecer un “acomodo razonable” para ciudadanos que, amparándose en sus creencias religiosas, se nieguen a brindar un servicio como empleados de gobiernos.
