Organizaciones consideran “discriminatorio” proyecto de libertad religiosa en Puerto Rico

camara de representantes Puerto Rico 2017

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), se mantienen firmes en su oposición al Proyecto de la Cámara 1018, por considerar que promueve el discrimen.

La medida, presentada por los representantes Guillermo Miranda Rivera, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y María Milagros Charbonier, reitera que la Constitución de Puerto Rico “consigna que nuestro gobierno no aprobará ley alguna relativa al establecimiento de alguna religión en particular, ni se prohibirá el libre ejercicio de cualquier culto religioso”. Entre los propósitos de la pieza legislativa, está el que una persona que entienda se le ha violentado su ejercicio religioso en virtud de lo establecido en este estatuto, podrá alegar tal violación.

No obstante, según el abogado Osvaldo Burgos, quien compareció ante la Comisión de lo Jurídico durante una vista pública hoy para evaluar el Proyecto, la pieza permitiría que funcionarios del gobierno discriminen. Como ejemplo, destacó que algún empleado podría evocar la libertad religiosa para negarse a inscribir en el Registro Demográfico el hijo de una pareja de la comunidad LGBTTQI.

Por otra parte, la licenciada Amarilys Pagán, quien representa a CABE, mencionó que el Proyecto de Ley es parte de un esquema concertado dentro de un segmento del sector religioso e integrantes de la legislatura para “imponer” al país sus creencias.

El Colegio de Abogados, en la voz de Mariana Nogales Molinelli, también se opuso a la propuesta ley por considerarla discriminatoria. De manera personal, la excandidata a la comisaría residente en Washington mencionó que para lo único que sería positiva es para “legalizar la marihuana”.

“Específicamente me refiero a cómo la ‘comunidad rastafari’ en Puerto Rico puede utilizar válidamente estas protecciones para utilizar marihuana. Así que eso lo veo como un beneficio y exhorto a la ‘comunidad rastafareana’ a utilizar su derecho de libertad religiosa para utilizar libremente la marihuana”, manifestó en medio de la vista pública.

De otra parte, la representante Charbonier sostuvo que el Estado, a pesar de la aprobación de esta Ley, debe cumplir con el ofrecimiento de los servicios a los ciudadanos. Considera, por tanto, que el proyecto no promueve el discrimen. Al tiempo, comentó que ella conoce el discrimen pues lo ha sufrido por ser mujer, negra, evangélica y por pertenecer a una comunidad pobre.

Sobre esto, el abogado Burgos contestó que “usted habla del Estado como si fuera algo etéreo, pero el Estado está compuesto de personas”. Afirmó que la medida no provee protección para los ciudadanos que puedan ser discriminados a razón de que alguien evoque la libertad religiosa.

Mientras el representante Miranda Rivera indicó que “este proyecto se hizo con el propósito de traer a un lenguaje estatal, un estatuto federal (en referencia al Religious Freedom Restoration Act o RFRA). No se hizo con la intención de hacerle daño a alguien”.

La vista pública contó con la comparecencia de Mujeres por Puerto Rico, Puerto Rico por la Familia, Iglesia Casa de Alabanza, GP Legal Consulting Solutions y el licenciado Arturo Bauermeister, quienes avalaron la medida por entender que la misma “es de balance social”, “aclara a nuestro poder judicial cual será el principio aplicable para estas controversias. Merece ser una ley por separado. No es un cheque en blanco. La prueba la aquilatarán los tribunales”.

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