La Iglesia de Mallorca tiene registradas a su nombre 160 propiedades

El listado elaborado durante meses por el Govern rebaja las estimaciones de la izquierda, que preveía más de 500 bienes inmatriculados – La gran mayoría son templos y rectorías

La Iglesia de Mallorca tiene registradas a su nombre 160 propiedades. Lejos de las previsiones de los partidos de izquierda, que estimaban que podría haber más de 500 bienes inmatriculados en la isla, el obispado y todas sus parroquia suman 160 inmuebles y solares. La gran mayoría de esas propiedades son templos y rectorías.

Después de meses recolectando información de los diferentes registros de la propiedad del archipiélago, el Govern ya tiene el listado de los bienes que la Iglesia tiene registrados. El objetivo era sacar a la luz las inmatriculaciones realizadas y el Ejecutivo enviará ahora esta relación a consells y ayuntamientos por si detectan alguna apropiación indebida.

Sin embargo, lejos de las previsiones de Podemos y Més, que impulsaron desde el Parlament la redacción de este listado y según la información facilitada al Govern por el registro de la propiedad, la Iglesia habría registrados en los últimos 40 años poco más de 140 propiedades, entre donaciones e inmatriculaciones. De estas, 120 corresponden al proceso extraordinario facilitado por José María Aznar a la Iglesia en 1998 para poder poner a su nombre todos aquellos bienes sin escritura pública y que considerara suyos. Casi todas se llevaron a cabo sobre la bocina: desde el anuncio del fin de esta prerrogativa en 2014 hasta su adiós definitivo en 2015, la Iglesia de Mallorca registró más de un centenar de sus propiedades.

Múltiples personalidades jurídicas

Los datos coinciden con las estimaciones del Obispado de Mallorca, que rebajaba a poco más de un centenar los bienes inmatriculados en los últimos 20 años y que aseguraba que el 90 por ciento se tratarían de templos y rectorías. Una veintena de sus propiedades se trata de solares edificables, terrenos, huertos y algunos locales.

Según fuentes del Govern, los funcionarios que han realizado el listado no han advertido ninguna inmatriculación polémica más allá de los casos ya conocidos que han llegado a los tribunales: la del convento de Sant Jeroni en Palma, la de las murallas de Sant Salvador en Artà y la de Monti-sion de Pollença. En este último caso fue el propio rector del pueblo el que advirtió de que la propiedad correspondía al municipio. Ahora, los ayuntamientos revisarán si detectan apropiaciones indebidas.

El Parlament -con el único voto en contra del Partido Popular- instó al Govern a elaborar un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946, después de que el Obispado no facilitara, tal y como se había solicitado, un listado de sus bienes. Según explicó la Diócesis, no disponía de ese listado al haber inmatriculado sus propiedades sus diferentes parroquias. Precisamente, las múltiples personalidades jurídicas de la Iglesia, cerca de un centenar, han dificultado y ralentizado la elaboración de la relación de bienes de la Iglesia.

Una vez realizado este listado, el Ejecutivo debe elaborar en seis meses un informe sobre los “efectos” de estas apropiaciones por parte de la Iglesia en la gestión, conservación y difusión de los bienes declarados de Interés Cultural (BIC) por los consells.

El listado incluye además, las propiedades que posee el obispado de Menorca y el de Eivissa y Formentera. Mientras que la diócesis menorquina tiene registrados medio centenar de bienes, la mayoría inmatriculados durante los años 90, la Iglesia pitiüsa cuenta cerca de una treintena, todos durante los últimos 20 años con la prerrogativa del Gobierno Aznar. De este modo, en total suman 237 las propiedades de la Iglesia en el conjunto del archipiélago.

Polémica por Sant Salvador

La iniciativa política surgió a raíz de la polémica por la inmatriculación del recinto amurallado de Sant Salvador de Artà, por el que ayuntamiento y parroquia están enfrentados en los tribunales. El consistorio fue consciente de que la propiedad del monumento pertenecía a la Iglesia, cuando ésta ordenó retirar una bandera verde colocada en medio de las protestas de la comunidad educativa durante la legislatura Bauzá. Este caso, sumado a las polémicas con inmatriculaciones masivas en comunidades como Navarra, llevó a los partidos del Pacto a pedir el listado para que los consistorios pudieran saber qué bienes estaban registrados a nombre de la Iglesia.

Podemos llegó a tildar de “robo” y “expolio” el proceso de las inmatriculaciones, mientras que el Obispado ha defendido desde el principio que sólo se han registrado bienes propios.

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