Iglesias vs. democracia

Juan Gossaín publicó en este diario un buen artículo el 4 de agosto sobre la mezcla de religión con política, un fenómeno que va en aumento en Colombia y algunos perciben como un riesgo para la democracia. El artículo explora, a través de opiniones de religiosos muy respetables, los pros y los contras de mezclar política y religión y concluye que eso se presta para que políticos avispados manipulen a las iglesias o para que pastores y sacerdotes ambiciosos utilicen el poder y la autoridad que les confiere su labor pastoral con fines que contradicen los de las iglesias, cuyo reino no es de este mundo.

Esa mezcla de política y religión puede facilitar que personajes carismáticos lleguen al poder con el mandato de imponer a toda costa su visión del mundo y de abolir los controles democráticos institucionales que existen para proteger la pluralidad, que es la esencia de una democracia. Humberto de la Calle ha expresado la preocupación de que la cristianización de la política nos haga retroceder a un pasado en el cual la Iglesia católica se involucró abiertamente en la política y se puso del lado de quienes intentaron imponer sus ideas “a sangre y fuego”. Observa que es curioso que ahora las iglesias protestantes estén a favor de los movimientos políticos que pretenden abolir las garantías constitucionales creadas en 1991, al amparo de las cuales florecieron esas mismas iglesias.

A tal punto ha llegado el aprovechamiento de esa libertad y del respeto al pluralismo que pretenden abolir que Viviane Morales, una de las precandidatas a la presidencia en el Partido Liberal, aspira a que ese partido la escoja como su candidata, permitiendo que voten los cristianos y no solamente los liberales en la consulta que se lleve a cabo para seleccionar el candidato oficial del liberalismo. Si accedieran a esta solicitud, le podrían entregar las riendas del partido a quienes están en contra de las ideas que ha defendido históricamente el liberalismo.

El problema con el activismo político de las iglesias no es que participen, sino que no lo hagan dentro de las reglas de la democracia; y que, en casos extremos, no respeten la Constitución. Hace poco escribí que el filósofo John Rawls sostenía que las democracias no pueden exigir que los políticos renuncien a sus valores y a sus creencias, pero sí, que justifiquen sus propuestas políticas con “razones accesibles a todos”. Dice al respecto un profesor de la Universidad de Barcelona que la intervención de las religiones en política está dirigida a “regular ámbitos de la vida colectiva sobre una base doctrinal que solo vale para los creyentes…” y “no está basada en argumentos que otros pueden aceptar”. Parecía que este conflicto se iba a resolver con la aceptación, por las iglesias y sus miembros, de invocar razones terrenales para defender sus propuestas, sin tener que acudir a Dios o a sus doctrinas. La tendencia actual apunta en la dirección contraria, a “desproveerlas de su compromiso racionalista, universalista y emancipador” (Félix Ovejero, ‘Cuando todo es blasfemia’, ‘El País’, Madrid, 18 de julio de 2017).

Se ha puesto de moda un extremismo religioso que busca degradar la democracia e imponer una visión patriarcal de la sociedad y los valores tradicionales de la derecha. Los pastores de almas se han dedicado a cosechar votos tomando ventaja de privilegios que les son vetados a otros miembros de la sociedad. A los religiosos no los someten a las restricciones que les exigen, por ejemplo, a los funcionarios o a los periodistas para participar en política, y, además, tienen acceso a diezmos y limosnas. Si no defendemos la democracia, se puede instalar aquí un Irán cristiano con un político extremista en el papel de ayatola y suprimirse la libertad.

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