En 2016 se recaudaron 240 millones en la casilla “fines sociales” y las CCAA gestionarán el 80%

Consejo de Igualdad 2017

La cantidad recaudada a través de la ‘X’ en la declaración de la renta del año 2016 asciende a 240 millones, seis millones más que el año anterior.
Los consejeros autonómicos han aceptado de forma unánime “someterse a una justificación de los fondos” para dotar al sistema de mayor transparencia.
No se ha atendido a la petición de la Plataforma del Tercer Sector que reclamaba que comunidades y Gobierno estatal se repartieran los fondos a partes iguales.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado por unanimidad en un Consejo extraordinario de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado el pasado viernes, un nuevo modelo de gestión de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, a través del cual las autonomías se encargarán de tramitar el 80% de estos fondos y el Estado el 20%.

“Es un acuerdo histórico”, ha afirmado la ministra, Dolors Montserrat, en la rueda de prensa posterior al Consejo territorial, en la que ha insistido en que, aunque el Gobierno no gestione el 100% de los fondos como hasta ahora, como consecuencia del mandato del Tribunal Constitucional del pasado enero, “nadie debe desconfiar de la gestión porque son fondos condicionados y finalistas”.

La titular de Sanidad ha destacado que este 2017 la cantidad recaudada a través de la ‘X’ en la casilla ‘Actividades de Interés Social’ en la declaración de la renta del año 2016 asciende a 240 millones, seis millones más que el año anterior, es decir, que el Gobierno va a encargarse de gestionar 48 millones, mientras que las comunidades autónomas 192. “Animo a todos los españoles a que marque la ‘x'”, ha dicho.

Montserrat ha indicado que los consejeros autonómicos han aceptado también de forma unánime “someterse a una justificación de los fondos” transferidos para dotar al sistema de mayor transparencia. Asimismo, ha informado de que se ha creado un grupo de trabajo para mejorar este nuevo modelo que, mientras varios consejeros han calificado de “provisional“, la ministra ha asegurado que es definitivo.

En concreto, ha dicho que los tramos estatal y autonómico “no se han discutido” en esta encuentro, en el que, según ha dicho, se ha creado el grupo técnico para estudiar el desarrollo del segundo, ver cómo funciona y los programas que se han presentado para poner nuevas medidas sobre la mesa de cara a 2018.

La ministra ha subrayado que la distribución de los porcentajes 80/20 responde a las competencias del Estado y las comunidades autónomas y que, por ese motivo, no se ha atendido a la petición de la Plataforma del Tercer Sector que reclamaba un 50/50 ni se va a ampliar el margen de gestión de las comunidades. “Esto no es un capricho de nadie, sino el acatamiento de una sentencia del Tribunal Constitucional”, ha aseverado.

“El objetivo del Gobierno es preservar este programa, que es uno de los más importantes del país y cumple con los objetivos del Gobierno para que lleguen las ayudas de forma directa a los que más las necesitan, potenciar el Tercer Sector y garantizar la cohesión social de España”, ha descartado la ministra sobre el sistema que se modifica por primera vez desde hace 30 años, recurrido de forma sistemática por la Generalitat de Cataluña.

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