El parlamento turco aprueba la ley que autoriza a los muftís a registrar matrimonios

La propuesta para autorizar a los funcionarios religiosos musulmanes a oficiar y registrar bodas despertó desde el principio críticas entre la oposición kemalista, que acusa al gobierno de atentar contra los principios laicos del Estado.

La Asamblea Nacional Turca (parlamento) aprobó a última hora del miércoles la ley que permitirá a los “muftís”, los funcionarios musulmanes dependientes de la Oficina de Asuntos Religiosos (la llamada Diyanet, que rige todos los asuntos de la comunidad musulmana en Turquía), oficiar y registrar matrimonios civiles.

La propuesta fue anunciada por primera vez por el gobierno del AKP a finales del pasado mes de julio, y daba a los muftíes locales y provinciales autoridad para oficiar matrimonios en Turquía y registrarlos, algo que hasta ahora sólo podían hacer las representaciones diplomáticas, los ayuntamientos, las oficinas de registro civil, los capitanes de barco y los jefes de aldea (muhtar).

El gobierno turco –que ha recibido en esta cuestión el apoyo de los nacionalistas del MHP– defiende que la nueva ley protegerá los derechos de las mujeres al reducir el número de matrimonios no registrados, especialmente en las zonas rurales del este y el sureste de Turquía, donde es habitual que las bodas se celebren únicamente por el rito religioso sin pasar por un registro civil, por lo que a menudo los matrimonios no quedan registrados oficialmente.

Desde el AKP insisten también en que la práctica de que un sacerdote religioso oficie y registre una boda es perfectamente normal en otros países occidentales, y en que la ley no obligará a las personas que quieran contraer matrimonio a acudir a un muftí musulmán sino que se trata de incluir “una opción adicional” para quienes deseen casarse.

Varias asociaciones de mujeres así como el principal partido de la oposición –el CHP- han criticado sin embargo la propuesta asegurando que servirá para legalizar los matrimonios concertados infantiles, especialmente populares en las regiones rurales empobrecidas del este y sureste de Turquía, en los que las familias de los contrayentes recurren al matrimonio religioso informal para evitar acudir al registro civil, que no autorizaría el casamiento por implicar a menores de edad.

Hasta ahora estos matrimonios carecían de validez legal dado que los oficiantes de la ceremonia religiosa no tenían potestad para registrarlos legalmente, pero la nueva ley podría cambiar todo eso, según sus críticos. La oposición turca considera también que la nueva autoridad que se otorga a los funcionarios religiosos atenta contra los principios del laicismo.

Sin embargo desde el ejecutivo turco se niega este extremo y se insiste en que la autoridad concedida a los muftís con la nueva ley no exime a los matrimonios que registren los funcionarios de la Diyanet de cumplir con las leyes vigentes. El Código Civil Turco establece que para casarse las parejas deben ser mayores de edad (18 años), pudiendo hacerlo con 17 años si cuentan con consentimiento de los padres y en casos especiales con una decisión judicial previa, en línea con la legislación que se aplica en otros países occidentales.

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