Según publica la cadena Ser, el Tribunal de Cuentas ha aprobado en el pleno de este jueves incluir en el de plan de fiscalizaciones para 2018 la financiación de la Iglesia Católica española. La votación se ha producido sin debate y por unanimidad.
Según el acta del pleno, el tribunal ha aprobado las fiscalizaciones de las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperaciones económicas con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado en el ejercicio 2017.
Expertos consultados por Religión Confidencial afirman que el Tribunal de Cuentas debe determinar en virtud de qué competencias puede fiscalizar a la Iglesia Católica, puesto que, hasta ahora, las competencias de este organismo judicial del Estado, no alcanzaban a la Iglesia Católica, ya que no es una entidad pública.
El dinero público que recibe la Iglesia Católica procede de la asignación tributaria (la casilla del IRPF) y la Iglesia da cuenta todos los años de estas cantidades, de modo claro y transparente, a través de la Memoria Económica.
Expertos en derechos eclesiásticos explican a RC que resulta cuanto menos dudosa la decisión del Tribunal de Cuentas de fiscalizar la gestión económica de la Iglesia.
Subvenciones públicas
“La Iglesia Católica no recibe subvenciones públicas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, no debería estar sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas”, explican a RC expertos en derecho eclesiástico.
Otros expertos aseguran a RC que por la única vía que podría fiscalizar el Tribunal de Cuentas a la Iglesia Católica sería por el dinero que recibe del IRPF. “El Tribunal de Cuentas debe determinar a qué persona física va a fiscalizar, porque es difícil pensar que abarcará a todas las entidades de la Iglesia Católica”, señalan otras fuentes expertas.
Según la cadena Ser, con esta propuesta el tribunal va más allá de la iniciativa debatida en el Congreso de los Diputados que presentaron Unidos-Podemos y PSOE, y rechazada entonces con los votos del PP.
Esta consistía en que los fondos que recibe la Iglesia Católica del Estado a través de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta, pudieran ser fiscalizados por el tribunal.
Hoy, los consejeros lo han extendido y la auditoría abarcará cualquier ingreso y gasto en las cuentas de la Iglesia y el resto de confesiones (judíos, evangélicos y musulmanes). Entre las partidas a fiscalizar, estarán incluidas las subvenciones y cualquier tipo de ayuda pública. Al cierre de esta edición, el Tribunal de Cuentas no había hecho pública esta medida.
Fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal explican que no tienen conocimiento exacto de la decisión del Tribunal de Cuentas, porque no han recibido ninguna comunicación. Cuando se reciba, se estudiará y dará su opinión.
