Se entregan en el Congreso 54.000 firmas de la Campaña por la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con el Vaticano y otras confesiones

Ayer, jueves 14, se hizo entrega en el Congreso de Diputados de las firmas recogidas en la campaña que ha tratado de situar en la agenda política y social esta exigencia, que más de 60 organizaciones y colectivos firmantes de la campaña consideramos previa a cualquier debate y elaboración de una nueva ley educativa, que quiera garantizar la laicidad del sistema educativo.

En la concentración en la Plaza de las Cortes han intervenido representantes de varios de los colectivos, sindicatos y partidos que han apoyado la campaña. También se han hecho presentes diputados del grupo socialista y de Unidos-Podemos. El acto y las declaraciones sobre su significado y objetivo han tenido eco en bastantes medios de comunicación.

Todos hemos coincidido en la trascendencia del tema planteado y la urgencia en darle una solución democrática, acorde con el principio de la separación entre el Estado y las iglesias, así como de la reivindicación de una Escuela Pública y Laica. Son precisamente esos Acuerdos firmados en 1979 con la santa Sede y los posteriores en 1992 con otras confesiones religiosas los que dan base legal a la presencia del adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo. De no anularse, todo el debate parlamentario que dicen estar dispuestos a acelerar a partir de enero en el marco de la Subcomisión por un “Pacto social y político de Educación” se verá lastrado por acuerdos antidemocráticos que, según parece, no hay mucho interés en remover.

El día anterior, miércoles 13, dicha Subcomisión cerró el primer acuerdo fijando los 14 bloques en que dividen los temas a debatir. Pese a que, en reuniones anteriores con esos grupos parlamentarios, ya se les planteó lo inadecuado que es el propio título del último punto: “Enseñanza de las religiones”, se ha mantenido tal cual y, de alguna manera, prejuzga el contenido del futuro debate que, una vez más, puede dejar al margen la ineludible laicidad del sistema educativo.

Por nuestra parte, se ha culminado una primera etapa, pero con toda probabilidad habrá que volver a la insistir, en nuevas formas y desarrollos, en que ya es el momento y la ocasión para resolver un problema que concierne a principios democráticos elementales, como es el respeto a la libertad de conciencia de niños y jóvenes dentro del marco escolar y el rechazo a todo adoctrinamiento dogmático en las aulas.

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