Ante el anuncio efectuado por el Gobierno de que ha pedido al Colegio de Registradores todas las inmatriculaciones de la Iglesia católica desde 1998, la Coordinadora Recuperando manifiesta lo siguiente :
Esta Coordinadora presentó el 8 de febrero de este año un escrito en el Congreso de los Diputados en el que demandaba que el Gobierno recabara por los cauces oportunos el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en sus distintas denominaciones (diócesis, obispados, cabildos o similares) conforme al derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Este escrito generó dos proposiciones no de ley (PNL), una de las cuales fue aprobada en el Congreso el 4 de abril.
No es la ni la primera ni la única vez que se ha planteado esta cuestión. Hasta ahora, la respuesta reiterada del Gobierno a todas las preguntas, peticiones e iniciativas parlamentarias se ha limitado a negar que tuviera acceso a la información relativa a las inmatriculaciones “al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias” y ni siquiera los decanatos autonómicos o territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles “disponían de tales datos “. Estas afirmaciones contradicen la realidad y los hechos.
- El 18 de abril de 2008, la directora general de los Registros y del Notariado remite a la presidenta del Parlamento de Navarra la información solicitada: 1.087 bienes inmatriculados en Navarra entre 1998 y 2007 .
- El 14 de octubre de 2015, el Gobierno vasco obtiene respuesta del Decanato de los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Autónoma Vasca: 508 bienes inmatriculados
- El Ayuntamiento de Zaragoza solicita en 2017 al Decanato de Registradores un listado de bienes inmatriculados por el Arzobispado desde 1978, que es contestado informando de la inscripción de 46 inmuebles en la ciudad.
Estos tres ejemplos desacreditan de manera objetiva la posición tradicional del ejecutivo de Rajoy de negación sistemática. El cambio de opinión solo se entiende gracias a la presión social y ciudadana en su legítima demanda al derecho de información.
Fuentes de la Conferencia Episcopal Española, en un desliz informativo, llegó a admitir una cifra de 40.000 bienes inmatriculados por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria aunque no precisaron si se realizaron antes o después de la reforma de Aznar de 1998. Esa duda no aclarada puede significar que el escándalo alcance cotas insospechadas de expolio sistemático de bienes inmuebles por usucapión mediante el privilegio consentido de una normativa franquista no depurada ni corregida durante el periodo democrático.
Según ha anunciado públicamente, el Ejecutivo piensa considerar válidas jurídicamente las inmatriculaciones anteriores a la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015. La Coordinadora Recuperando recuerda que “todas las inmatriculaciones practicadas desde 1978 son nulas de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida” y así quedó confirmado en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Ucieza, que condenó al Estado español a una indemnización sin precedentes al considerar las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica “arbitrarias” y contrarias a la Carta Europea de Derechos Humanos.
