Con 313 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), por el que se adiciona un artículo 10 bis a la Ley General de Salud, el cual trata y regula el tema de la objeción de conciencia durante procedimientos médicos.
Con ello, se permite a doctores y personal de enfermería, ejercer su derecho a la objeción de conciencia, mediante el cual, con total respeto y precisamente en el cumplimiento de la ley de salud, un doctor o personal de enfermería podrá excusarse de participar en tratamientos, programas u otras actividades que contravengan su libertad de conciencia, con base en sus valores o principios éticos.
Además, se especifica que “cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia”. Gracias a este candado, el dictamen aprobado no implica límite ni riesgo a la salud o vida del paciente, pues ningún doctor ni personal de enfermería podría hacer uso de la objeción si la vida está en riesgo o se trata de una urgencia médica.
Al hablar a nombre de los legisladores de Encuentro Social, que coordina el hidalguense Alejandro González Murillo, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, quien presentó la iniciativa, indicó que afirmar que la aprobación del dictamen en cuestión pone en riesgo la vida de las personas, o bien, que con ello quedó aprobado algún supuesto tipo de objeción de conciencia “institucional” es muestra de ni siquiera haber conocido su contenido, o bien, de querer engañar a la ciudadanía.
“La objeción de conciencia es, en el tema de salud, no solamente una urgencia de progreso de los países, sino además, una urgencia de progreso en materia de derechos humanos, y lo hemos visto porque está presente de manera explícita en una gran cantidad de países como podría ser Colombia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Chile, Guatemala y El Salvador”, continuó.
Las bancadas de Morena y PRD –que en la Comisión de Salud avalaron el dictamen respectivo- hoy señalaron que la modificación pondrá en riesgo, principalmente, a miles de adolescentes y mujeres que no podrán ser atendidas cuando soliciten la interrupción legal del embarazo por violación, si el médico se niega a otorgarles la atención alegando que su religión se lo prohíbe.
La reforma fue promovida por el Partido Encuentro Social, específicamente la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
Se trata de la diputada que también ha presentado otra iniciativa para considerar la educación sexual en los libros de texto como pornografía y que, durante la discusión de los matrimonios igualitarios, espetó que, si se permitían los enlaces entre personas del mismo sexo, después las personas se casarían “con delfines y laptops”.
El cambio a la ley dividió los votos entre las bancadas, y si bien entre éstas algunos votaron en contra, al final fue avalada por 313 diputados de PRI, PAN, PVEM, PES y Panal, 105 en contra de PRD y Morena. Otros 26 legisladores se abstuvieron, para no tener que votarlo en contra, incluidos dos de Morena, Rogerio Castro y Blandina Ramos.
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Fuente: Vanguardia y RFonline
