El gobierno amplió el número de empleadores que pueden presentar sus “objeciones de conciencia” para cubrir métodos para el control de la natalidad que deben ofrecer las aseguradoras como parte de la ley de salud vigente: el Affordable Care Act (ACA).
La ley de salud vigente conocida como Obamacare garantiza que los empleadores incluyan las pastillas y otros métodos anticonceptivos en sus planes de salud, con el objetivo de garantizar el acceso completamente gratuito. Pero una directiva presentada este viernes por el gobierno de Donald Trump cambia el panorama y atenta contra los beneficios que hoy reciben de millones de mujeres.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó nuevas regulaciones que dan mayor discrecionalidad a empleadores y empresas de seguros de negarse a cubrir anticonceptivos basados en objeciones morales o religiosas, una vieja exigencia de grupos conservadores que batalla contra la ley que instauró en 2010 el entonces presidente Barack Obama.
La medida no resulta sorpresiva, ya que fue una promesa de campaña del presidente Trump -de hecho,había ofrecido eliminar completamente Obamacare– que ratificó en mayo cuando firmó una orden ejecutiva expandiendo la libertad religiosa. En esa ocasión pidió a su gabinete atender las preocupaciones de quienes tienes “objeciones de conciencia” a la cobertura de anticonceptivos.
Mientras sectores conservadores agradecieron la nueva norma, porque aseguran que no les fuerza a violar sus convicciones morales, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer criticaron lo que consideran un golpe a la salud femenina que podría llevar a un aumento de los embarazos no deseados. Las organizaciones que se especializan en estudiar este tema, como el Instituto Guttmacher, aseguran que se trata de una medida que ignora a las mujeres y sus necesidades de salud.
Funcionarios del departamento que cita The Washington Post bajo condición de anonimidad, aseguran que el “99.9% de las mujeres”, seguirán teniendo accedo a métodos anticonceptivos gratuitos, basándose en el número de grupos que han presentado demandas contra la provisión de la ley.
Pero el nuevo dictamen amplía el tipo de organización que puede presentar objeciones religiosas para no aportar medidas anticonceptivas a grupos sin fines de lucro y compañías, incluso las que tienen capital público, y universidades que provean cobertura de salud a sus estudiantes.
Una doble discriminación
El meollo del asunto es el concepto de cuidado preventivo, que, de acuerdo con muchos especialistas, debe incluir el control de la natalidad.
Desde que entró en vigencia la ley se fue adaptando a las críticas de sectores conservadores para eximir del cumplimiento de esa cláusula a organizaciones religiosas o grupos sin fines de lucro asociadas a ellas, que lograron que sus afiliados reciban pagos por ese tema directamente del asegurador o el gobierno federal, una práctica que seguirá manteniéndose con la nueva directriz.
La Iglesia católica y organizaciones vinculadas a ella han sido uno de los frentes más activos contra esta provisión de Obamacare, que, según han argumentado en tribunales, contraviene sus enseñanzas en contra de los métodos anticonceptivos y el control de la natalidad.
El Centro Legal Nacional de la Mujer ha prometido desafiar en cortes la decisión gubernamental aduciendo que incurre en discriminación sexual, porque afecta desproporcionadamente a las mujeres, y religiosa, porque impone creencias religiosas sobre los empleados.
“El gobierno Trump está tratando el control de natalidad como si no fuera cuidado de salud. Nosotros vemos esto como parte de la guerra mayor que están desatando contra la salud de la mujer”, dijo Mara Gandal Powers, consultora del Centro Legal Nacional de la Mujer.
“Para muchas mujeres, esto significa escoger entre el cuidado preventivo como anticonceptivos y pagar por su alquiler, su hipoteca o la cuenta de electricidad”, aseguró Powers citada por The Washington Post.
