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El Papa reitera a España su oposición a la independencia de Cataluña

El Vaticano rechaza la posibilidad de reconocer la independencia de Cataluña. Tampoco está, en estos momentos, por la labor de participar como mediador en el conflicto catalán, como han reclamado algunos sectores del secesionismo. Hasta ahora no se ha pronunciado públicamente, pero es la postura que el papa Francisco expresó al nuevo embajador español ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, el lunes. Además, Francisco manifestó el rechazo de la Iglesia a toda actitud que no se base en el respeto a la legalidad constituida.

El Vaticano vive con preocupación la situación política que atraviesa España. Pero en las últimas semanas se ha cuidado mucho de expresar ninguna opinión que pudiera instrumentalizarse. Sin embargo, el papa Francisco y el Vaticano no consideran admisible la independencia de Cataluña y no están por la labor de establecer una mediación entre el Gobierno catalán y el de España. Al menos oficialmente o a través de la Conferencia Episcopal Española. Así se desprende de la conversación que mantuvo el propio Pontífice con el nuevo embajador ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, según el mismo diplomático ha relatado a este periódico .

Bugallo se reunió con el Papa y con su secretario de Estado, Pietro Parolin, para presentar sus credenciales como nuevo embajador el lunes. La fecha elegida, el 2 de octubre, dio pie a una inevitable y larga conversación sobre el conflicto catalán. Y Francisco, relata Bugallo, “fue muy claro al respecto”. Como ya ha manifestado en otras ocasiones, el Papa reiteró que el Vaticano no reconoce “movimientos secesionistas o de autodeterminación que no sean resultantes de un proceso de descolonización”. Una cosa son los países latinoamericanos, suele decir el Pontífice, y otra procesos actuales como el de Escocia o Cataluña, que generan “un aire de división”.

La postura expresada a Bugallo descartaría las pretensiones de la Generalitat de obtener una interlocución por los cauces del Vaticano y las reivindicaciones de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que reúne a los obispos catalanes, y que pidió antes del 1 de octubre que “se respeten los derechos y las instituciones”. El Gobierno protestó formalmente ante la Santa Sede, pero la posición desde los sacerdotes catalanes no cesó. De hecho, el propio obispo de Solsona, Xavier Novell, acudió a votar el pasado domingo al referéndum ilegal.

En la conversación con el embajador se habló también de diálogo, especialmente en la charla posterior con el secretario de Estado. Pero Bugallo asegura que en ningún caso nadie se pronunció explícitamente a favor de una “negociación”. “Qué duda cabe de que todos estamos por el diálogo dentro de la ley, pero no fui objeto de un llamamiento al diálogo ni de la conversación salió nada parecido a la idea de mediación. No hubo ni la más mínima referencia subliminal, quiero dejarlo claro”, insiste el embajador.

Preocupación en el Vaticano

El Vaticano sigue con atención el desarrollo del conflicto catalán estos días. L’Osservatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede, publica a diario información y en la Secretaría de Estado se está pendiente de la situación. “Hay mucha preocupación, por supuesto”, señalan fuentes vaticanas. Tras la reunión con Bugallo, Parolin le comunicó que hablaría con el cardenal Juan José Omella (arzobispo de Barcelona). Al día siguiente —en lugar de acudir a Roma como tenía previsto— se reunió en Madrid con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el arzobispo de la capital, Carlos Osoro. Ambos han sido nombrados cardenales durante el pontificado de Francisco y forman parte de sus hombres de confianza.

La cuestión catalana está señalada en rojo en la agenda diplomática del Vaticano. Pero la Santa Sede ha evitado exponer a ninguno de sus altos representantes a preguntas sobre esta cuestión, que se sigue considerando “un problema interno de España que deber resolverse dentro del marco de la ley”, según fuentes de la Santa Sede. De hecho, Parolin ya se pronunció de forma similar en el encuentro con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado junio. En aquella ocasión sostuvo que “todos los españoles tienen que decidir” en esta cuestión.

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