En la transición entre el siglo XIX y el XX tuvo lugar una lucha intensa por la defensa del entierro civil ante la costumbre y el dominio de la Iglesia. En este conflicto se significó el republicanismo, los librepensadores, el socialismo y hasta la masonería. Por nuestra parte, llevamos un tiempo ocupándonos en esta materia necesitada de un estudio monográfico. En este trabajo nos acercamos a la protesta que unió a distintos sectores políticos, sociales e ideológicos de Gijón en 1915 contra lo que consideraron el “secuestro” de un fallecido. Dicha protesta llegó al gobierno. Nuestra fuente se encuentra en el número de 18 de diciembre de 1915 (2399) de El Socialista.
Al parecer, César Menéndez, mayor de edad y fallecido en pleno goce de sus facultades mentales, había manifestado su deseo de que su sepelio fuera civil, además de seguir en vida ideas laicas, como demostraban distintos testigos, incluidos sus propios padres. Pero en el momento de verificarse el entierro civil su cadáver había sido “secuestrado”. Este hecho había provocado la indignación de los sectores progresistas de la ciudad asturiana, tomando la iniciativa de dirigir al presidente del Consejo de Ministros una protesta y solicitud de intervención. Los firmantes de la misma eran los siguientes: Alberto de Lera por la Logia Jovellanos, Wenceslao Carrillo por el Centro “Anselmo Cifuentes”, Víctor Cuesta por la Agrupación Socialista, Ramón Fernández por el Comité del Partido Republicano, Antonio Álvarez García por la Tertulia Republicana, Fernando Vela por la Juventud Reformista, Rafael González por el Comité Reformista, Enrique Valdés por el Círculo Melquiadista, Generoso Labrada por Solidaridad Obrera, y Rafael Sánchez Ocaña, director de El Noroeste. Como vemos, miembros del movimiento obrero, republicanos, casi todos ellos vinculados al reformismo de Melquíades Álvarez, dada la importancia del nuevo partido en Asturias, y masones. Destacan las figuras de Carillo, sindicalista y socialista de gran importancia en el futuro, y de Sánchez Ocaña, que comenzó en el reformismo de Melquíades Álvarez, pero después sería simpatizante del socialismo.
Los firmantes consideraban que lo que había ocurrido era un atentado a la libertad de conciencia y de falta de respeto, dada la “santidad de la muerte”. Las autoridades eclesiásticas se habrían inmiscuido en el dominio del poder o ámbito civil. Sin derecho alguno se habría depositado el cadáver en el cementerio católico para darle sepultura.
La protesta se había organizado justo antes del sepelio, por lo que se solicitaba al gobierno que interviniese inmediatamente para restablecer el imperio de las leyes, pero también para evitar que en el futuro estas situaciones se repitiesen.
El Socialista se unía desde sus páginas a esta protesta por lo que se consideraba un desmán intolerable, exigiendo la intervención de los poderes ejecutivo y judicial para acabar con esta situación que consideraba que avergonzaba a España. Además, el periódico recordaba que Pablo Iglesias y los diputados de la minoría republicano-socialista en el Congreso habían denunciado hechos de esta naturaleza en la anterior legislatura.
No conocemos el desenlace del hecho.
