Una educación inclusiva, de carácter público, gratuito y laico es la que impulsa el proyecto de ley provincial que consensuaron diputados santafesinos. También se promueve un jardín obligatorio desde los tres años y la creación de la modalidad a distancia y de entornos virtuales, de un Instituto de Asesoramiento para el Mundo del Trabajo y de Consejos Escolares como forma de gobierno de la educación. Además de considerar que el presupuesto destinado al área no puede ser inferior al 35 por ciento del presupuesto general anual.
A lo largo de todo el año pasado, diputados pertenecientes a distintas fuerzas políticas presentaron sus proyectos de ley de educación para Santa Fe. Fue luego de que el gobernador Miguel Lifschitz hiciera pública la decisión de darse una norma para este ámbito. Los legisladores Alejandro Boscarol (UCR/Frente Progresista); Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación); Carlos del Frade (Frente Social y Popular); Verónica Benas (Pares) y Patricia Chialvo y Silvia Simoncini (Frente Justicialista para la Victoria) elevaron sus propuestas a la Cámara legislativa, a lo que sumaron un recorrido por escuelas de toda la provincia participando de diferentes debates sobre qué educación piensan para Santa Fe.
De ese intercambio surgió un proyecto único de ley para la provincia, que contiene 186 artículos. La propuesta se conoció a mediados de septiembre.
¿Qué acordaron? El proyecto de ley provincial unificado impulsa el derecho a una educación inclusiva, de carácter público, gratuito y laico; que considere las condiciones necesarias para garantizar la obligatoriedad escolar. Define al sistema educativo provincial “integrado por los establecimientos educativos públicos a cargo del Estado provincial y por los establecimientos educativos privados de gestión confesional, cooperativa o social, que complementan la acción Estatal y se regirán por normas específicas”.
Contempla la educación inicial desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco años. Con un jardín obligatorio desde los tres. También más horas de clases a través de la jornada escolar extendida en la primaria para los deportes, artes, idiomas e informática, donde la prioridad la tienen los sectores menos favorecidos. Para el secundario obligatorio se promueve la concentración horaria de los profesores para lograr un mejor acompañamiento del proceso escolar. La iniciativa reconoce distintas formas de contribuir a la participación ciudadana, como por ejemplo favorecer la creación de centros de estudiantes, además de distintas acciones de extensión a la comunidad, voluntariados juveniles, entre otros.
Derechos humanos y ESI
También se promueve la enseñanza en todos los niveles y modalidades de contenidos transversales sobre derechos humanos, Educación Sexual Integral, educación para la prevención de consumos problemáticos, educación alimentaria y nutricional, entre otros.
El proyecto incorpora la modalidad a distancia y de los entornos virtuales de aprendizaje. Según se argumenta, “es una opción organizativa y curricular flexible aplicable a los niveles secundario y superior, cuando la relación docente-estudiante se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio durante una parte del proceso educativo”.
El proyecto promueve la creación del Instituto de Asesoramiento para el Mundo del Trabajo, para ofrecer “apoyo personalizado, integral y permanente, a los egresados” del secundario y el nivel superior para mejorar sus condiciones de inserción social y laboral. Y considera la necesidad de una formación docente de calidad, continua, gratuita y en servicio.
Se busca fortalecer el Programa de Escuela No Graduada como experiencia pedagógica inclusiva en las escuelas primarias (a solicitud de la institución educativa). Se establecen procesos de autoevaluación permanente y planificación educativa. “La escuela tiene que ser evaluada por sus propios actores y esta tarea realizada de manera integral y permanente debe asumir un carácter eminentemente formativo”, define el proyecto.
Sobre el gobierno de la educación se propone la creación de Consejos Escolares conformados por directivos, docentes, asistentes escolares, padres y alumnos, además de constituir Foros Educativos Regionales para la recepción de propuestas y demandas de los Consejos Escolares; y revitalizar el Consejo Provincial de Educación.
Y sobre el financiamiento se destina para el Sistema Educativo Provincial un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento del presupuesto general anual, el cual se deberá incrementar progresivamente hasta llegar al cuarenta por ciento.
