Si el Estado argentino es laico, ¿por qué hay símbolos y emblemas religiosos en reparticiones públicas?
Si el Estado argentino es laico, ¿por qué hay símbolos y emblemas religiosos en reparticiones públicas? Esta discusión no es nueva, pero volvió a tener actualidad la semana pasada ni más ni menos que en la propia sala principal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está presidida por una enorme cruz de madera ubicada arriba del estrado. Allí se desarrollaban justamente las audiencias públicas en las que el máximo tribunal debe resolver el amparo presentado por un grupo de padres de Salta que piden que se declare inconstitucional la ley de esa provincia que establece la obligatoriedad de la enseñanza y la práctica religiosas en todas las escuelas públicas de ese distrito. “Así como el Estado debe garantizar que las personas se puedan vestir con los símbolos de la religión que profesen, hay que evitar que el Estado se vista con símbolos religiosos, como sucede en este momento”, fue lo primero que les dijo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez a los altos magistrados señalando el crucifijo.
El abogado fue uno de los expositores que argumentó en contra de la polémica ley 7.546 de Salta, que impuso en 2008 en forma obligatoria como parte de la currícula académica la materia religión. Frente a la cruz de la sala de audiencias, Gil Domínguez aseveró que la norma impulsada y puesta en práctica por el gobernador justicialista Juan Manuel Urtubey viola los derechos a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad y a la no discriminación y a la intimidad. Lo escucharon los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En 2010, la fallecida jueza de la Corte Carmen Argibay había instado precisamente a los responsables de todos los juzgados federales a retirar los íconos religiosos de las salas de audiencia. “Soy funcionaria de un Estado laico y recibo gente que puede tener todas las religiones o ninguna, esa es la libertad de culto. Tener un símbolo religioso condiciona”, había dicho la magistrada.
Argibay tuvo tan poco eco con su propuesta en la Justicia federal como la diputada provincial Alicia Gutiérrez (Partido SI, Frente Progresista) en Santa Fe. La legisladora presentó en dos ocasiones en la Cámara baja un proyecto que prohíbe “en los espacios de acceso público de los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados y empresas estatales la exhibición o colocación de imágenes religiosas (con excepción de los cementerios y hospitales)”.
Es que no sólo la Corte nacional y muchos juzgados federales exhiben símbolos religiosos, sino que también se ha naturalizado verlos en la sala de audiencias del máximo tribunal de Santa Fe, en oficinas judiciales, en escuelas públicas, registros civiles, colegios privados no confesionales, comisarías y hasta en los pasillos de la Cámara de Senadores provincial.
La iniciativa de la diputada que defendía un Estado laico y neutral ni siquiera fue debatida y perdió estado parlamentario por falta de apoyo de sus pares, incluso los del propio Frente Progresista. No solamente eso. Cuando la presentó recibió amenazas anónimas y fue objeto de pintadas intimidantes en la sede santafesina de su partido.
Gutiérrez sólo pretendía poner en sintonía a la provincia de Santa Fe con el Estado laico que ya está establecido en la Constitución nacional reformada en 1994. La Carta Magna santafesina, en cambio, no está ajustada como en tantos otros temas a la nacional. Postula en su artículo 3 que “la religión de la provincia es la Católica, Apostólica y Romana”.
“Quienes no son católicos, los evangélicos que no veneran imágenes o los agnósticos o ateos están en su derecho de pensar que el Estado allí donde tiene imágenes religiosas actúa bajo el amparo de determinado dogma. No puede haber una imposición para los demás ciudadanos creyentes o no”, reflexiona la legisladora santafesina.
Incluso, la diputada no duda en relatar una situación personal: “Cuando tuve que declarar como testigo en el juicio de lesa humanidad contra los represores en el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario pedí que antes de hablar bajaran la cruz que preside la sala de audiencias y que estaba delante mío. No me parece que todos tengan que compartir una imagen religiosa en un espacio como es un juzgado”.
Así y todo, y respecto del laicismo Santa Fe está a años luz de Salta, donde el gobernador Urtubey impuso la obligatoriedad de la enseñanza y la práctica religiosa en todas las escuelas públicas de su provincia. Una norma que no sólo violenta la Constitución nacional, sino que tiene un fuerte olor a naftalina: parece del siglo XIX en pleno 2017. La enseñanza obligatoria de religión ya fue desechada por la ley nacional 1.420, aprobada en 1884. En esa norma se estableció que la educación estatal en Argentina es laica, gratuita y obligatoria.
