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Cuando la religión es la última opción para evitar ser deportado: el caso del salvadoreño Juan Rodríguez

El derecho constitucional a la libertad de culto en EEUU se ha convertido en la estrategia legal con la cual la familia del inmigrante salvadoreño trata de desafiar la orden de deportación en su contra.

Faltan menos de 10 días para la fecha límite que las autoridades migratorias estipularon para que el salvadoreño Juan Rodríguez salga de Estados Unidos.

En un intento desesperado por impedir que su padre sea forzado a abandonar el país y a dejar a su familia, su hija mayor Karen se llenó de fortaleza y decidió, con el apoyo de su madre, desafiar la orden federal de inmigración interponiendo una demanda que no tiene precedentes.

Los Rodríguez son cristianos adventistas, y uno de los preceptos de esta religión establece que la familia debe permanecer unida. Con ese argumento, Karen, sus dos hermanas menores y su madre Celia, buscan convencer a un juez para que haga valer sus derechos constitucionales de libertad de culto.

“Esto (la deportación) es algo muy injusto. Como adventistas del Séptimo Día, en nuestras 28 creencias, la numero 23 dice que las familias deben de estar juntas”, dijo Karen durante una rueda de prensa en la que se anunció la demanda.

Con el apoyo voluntario los abogados hispanos David Medina, Juan Vasquez y David Calvillo, miembros de una prestigiosa firma legal en Houston, además de la Barra Hispana de Abogados de Houston, la organización FIEL y algunos líderes religiosos, la familia Rodríguez cree que harán historia al lograr detener la deportación del padre y mantenerse unidos en territorio estadounidense.

“La demanda que se ha presentado (la) mañana (del lunes) vindica esos derechos (a la libertad de culto), esos valores que tenemos como cristianos y como americanos”, dijo el abogado David Calvillo.

Calvillo está muy optimista de que el caso va a tener un desenlace positivo. Cree que “la ley y las cortes pueden aprender algo… y pensamos que si la justicia se lleva a cavo en este caso, se aplica en otras situaciones con otras familias”, dijo.

El abogado de inmigración Raed González, quien está tramitando una petición de asilo para Rodríguez, dijo que la religión que practica la familia les exige que estén juntos y que si el padre llega a ser deportado, todos tendrán que irse para cumplir con ese precepto, sin importar que la esposa y las tres hijas sean ciudadanas estadounidenses.

“La situación en estos momentos en El Salvador es peligrosa, (el padre) puede llegar a ser atacado o lastimado por la asociación con su familia… lo que (los delicuentes) van a ver es a cuatro ciudadanos estadounidenses y van a pensar que tienen dinero”, advirtió González.

“Van a mandar a cuatro ciudadanas estadounidenses y a un buen hombre a un país que no conoce, donde no tiene nada y donde hay pandillas y están matando a gente”, recalcó Karen.

Juan Rodríguez, de 47 años de edad, ingresó a territorio estadounidense en 2001 pero fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza. Un juez le concedió una orden de salida voluntaria, que no fue cumplida, según Gregory Palmore, vocero para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston.

“Como él no cumplió con lo acordado, la orden de salida voluntaria se convirtió en una orden final de remoción efectiva a partir de octubre 30 de 2002. Ha estado aquí con esa orden por más de 14 años”, agregó Palmore.

La versión de Rodríguez es diferente. El inmigrante argumenta que le permitieron quedarse en EEUU bajo una orden de “discreción procesal” y que se venía presentando ante las autoridades migratorias de manera regular hasta que en el mes de febrero pasado le informaron que las reglas habían cambiado.

Bajo la administración del presidente Donald Trump él se convirtió en prioridad para deportación y estuvo a punto de ser detenido el mismo día que se presentó a su última cita. Lo dejaron ir a casa luego de que le rogó al oficial que lo entrevistó que le permitiera quedarse algunos meses más para estar presente en graducación de su hija. El agente accedió pero le fijó el día 29 de junio como fecha límite para que abandone el país.

Con información de la reportera Janel García.

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