Aplauden la constitución de una comisión histórico-jurídica por parte del Ayuntamiento para la defensa de la titularidad pública del monumento
La Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos ha presentado dos informes a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y en concreto a su titular, Rosa Aguilar, para denunciar la ocupación “cada vez mayor” del monumento por iconografía religiosa católica y “denunciar el mal uso y la desnaturalización” del espacio por parte del Obispado de Córdoba “en su afán por eliminar su identidad arábigo-andaluza y su huella andalusí”. Estas razones, ha recordado Miguel Santiago, presidente de la plataforma, fueron las que dieron a la Mezquita el título de Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. En opinión de los miembros de esta plataforma, constituida en 1994 y que defiende la gestión compartida del monumento, “la ocupación injustificada sobre todo de dos espacios centrales del edifico perturban la narración del monumento” y se ha hecho con criterios arbitrarios y exclusivamente “religiosos”.
José David Luna, miembro de la plataforma, considera que mantener la declaración de Patrimonio de la Humanidad es “una responsabilidad” y ha puesto múltiples ejemplos para ilustrar la denuncia que este colectivo ha hecho ante la Junta de Andalucía, entre los que destacan carteles colocados “agujereando” los muros de la Mezquita, colocación de cuadros religiosos “de dudoso valor artístico”, creación de un nuevo altar, instalación de los urinarios en el muro de la Quibla, entre otros elementos.
Para Miguel Santiago la incorporación de cuadros, murales o la organización de exposiciones en el interior de la Mezquita, todas de carácter sacro, no pueden estar sujetos “a los caprichos del obispo o del Cabildo, ya que lo hacen por motivos religiosos, que podemos entender, pero no pueden estar por encima de los patrimoniales, los culturales o los turísticos”. En este sentido, la plataforma aboga por la que la Junta de Andalucía actúe “como principal administración responsable” del monumento y “el principal garante” de su identidad histórica.
Por otro lado, la plataforma ha aplaudido la constitución de una comisión histórico-jurídica por parte del Ayuntamiento de Córdoba para defender la titularidad pública del monumento, y que esté presidida por Federico Mayor Zaragoza, al tiempo que ha lamentado la actitud del PP, “que está a favor de la administración privada, la jerarquía católica, en lugar de defender lo público”.
