Por orden del Vaticano dos curas de Córdoba fueron a visitar a los pedófilos Corradi y Corbacho y pidieron conocer el expediente. “Quieren proteger a los abusadores”, denuncia el abogado de víctimas.
“Al hecho de que estén privados de la libertad, que ya de por sí es una situación horrible, se suma el pesar de la culpa por los delitos de los que los acusan”. Quien habla no es un defensor de los derechos humanos y mucho menos hace referencia a personas detenidas por injusticias.
El autor de esa definición es el presbítero Dante Simón, vicario judicial del Arzobispado de Córdoba y encargado de enviar una comisión de curas a Mendoza para interiorizarse de la situación procesal de sus colegas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56), ambos detenidos desde fines de noviembre en Luján de Cuyo acusados de decenas de ataques sexuales a niñas y niños sordos del Instituto Provolo.
La instalación de esa comisión (denominada “investigadora” por la Curia) en la provincia cuyana fue acompañada por estas declaraciones de Simón, que no pueden más que aumentar la indignación de las madres y los padres denunciantes de Corradi y Corbacho.
El presbítero cordobés habló con el periodista Kevin Maroto del sitio Mendoza On Line y, además de compadecerse con los pedófilos detenidos, intentó demostrar las santas intenciones del proceder vaticano. “Una vez terminada la investigación (de la comisión), se envía a la Santa Sede y ahí pueden pasar cuatro cosas: que soliciten más información; que se archive la investigación; que se inicie un proceso penal administrativo o penal judicial; o que se envíe la investigación al Papa, quien aplicará las sanciones que considere necesarias”, dijo Simón a Maroto.
Más allá de las formalidades, el encargado de las cuestiones judiciales del Arzobispado de Córdoba mostró los verdaderos “usos y costumbres” de la jerarquía católica en temas como el de la pedofilia eclesiástica. Consultado sobre por qué los enviados a Mendoza decidieron reunirse antes que nada con Corradi y Corbacho, demostrando que las personas abusadas y sus familiares no son prioridad, Simón respondió al periodista que “no se han reunido con las víctimas porque están buscando los contactos. No es cierto que no quisieron hacerlo; estamos en una etapa preliminar, recopilando información”. Una respuesta, sin dudas, nada convincente.
Francisco tomó la decisión de “investigar” el caso de forma paralela al proceso judicial más de cuatro meses después de que el escándalo conmoviera a Mendoza y al país. No es algo extraño. La espera del Vaticano es habitual, acostumbrados en Roma a que los casos pasen rápido al olvido y a que las víctimas y sus familiares se vean amedrentados por el poder político y económico de la Iglesia.
Pero éste no parece, hasta ahora, ser el caso. Primero por la cantidad de denunciantes (superan los 20 casos judicializados). Segundo porque cada semana las novedades del caso comprometen más a la Iglesia que “dejó hacer” a los pedófilos (la monja cómplice que se mantiene prófuga es una muestra de ello). Y tercero porque el caso trasciende a Mendoza, alcanzando ribetes internacionales. El documental “No Abusarás (el mandamiento negado en la Iglesia de Francisco)”, estrenado por La Izquierda Diario recientemente, da cuenta de esos alcances y derivaciones.
Además de reunirse con los denunciados (con Corbacho en el Penal de Boulogne Sur Mer y con Corradi donde “sufre” la prisión domiciliaria), la comisión enviada desde Córdoba ya solicitó al Poder Judicial poder acceder al expediente e incluso ingresar al Instituto Provolo mendocino, actualmente clausurado por orden judicial. Sobre este último pedido, el fiscal Gustavo Stroppiana les negó, al menos momentáneamente, el acceso a esas instalaciones donde se produjeron infinidad de abusos. Sobre el acceso a la causa, lo que pidieron desde Tribunales a la Curia cordobesa es que mande un abogado que fundamente por qué deberían acceder a la investigación que se mantiene bajo secreto de sumario.
“Es una cortina de humo”
Carlos Lombardi, uno de los abogados que patrocinan a las víctimas y a su vez asesor letrado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, le relató a La Izquierda Diario los verdaderos motivos que, según él y sus representados, tiene la “comisión investigadora” enviada por Bergoglio a meter sus narices en Mendoza.
“Es el típico modo de operar del Vaticano en casos de abuso sexual clerical. Así, sigilosamente, de modo oculto y secreto. Incluso se nombró una comisión de la arquidiósesis de Córdoba, prescindiendo de las autoridades de la arquidiósesis de Mendoza”, caracterizó Lombardi, quien no dudó en afirmar que “el objetivo de esta comisión es hacer lobby ante las autoridades judiciales de Mendoza, tratando de proteger a los sacerdotes abusadores sexuales”.
Lombardi fue un poco más allá en el análisis. Por su conocimiento profundo del modus operandi en estos casos el abogado dijo que, “teniendo en cuenta la experiencia internacional, estos señores lo que buscan es extraer toda la información judicial posible a los efectos de preparar la propia defensa o sus propios argumentos defensivos”.
Se trataría, entonces, de un doble discurso o, más precisamente, de una doble cara diseñada por el Vaticano con el fin de cubrirse sus propias espaldas mientras aparenta transparencia y voluntad de justicia. “Aparentan llevar adelante un procedimiento canónico para buscar la sanción de los sacerdotes, pero en realidad a esos sacerdotes deberían estar investigándolos por lo menos desde 2009, cuando públicamente se conocieron los datos de los abusos sexuales en Verona y uno de los abusadores denunciados era justamente Corradi, uno de los cabecillas de los abusos de acá”.
La afirmación de Lombardi se sustenta con hechos. Como ya se detalló en este diario y en varias notas, el Vaticano tiene conocimiento del caso Provolo y de sus protagonistas desde hace muchos años. “Ellos sabían todo esto que se está investigando”, afirma el abogado de las víctimas. “Tal vez por una cuestión temporal no sepan de los hechos nuevos de Mendoza, pero la línea investigativa es absolutamente falsa y fraudulenta, porque el flagelo de los abusadores sexuales del Provolo ya lo conocía el Vaticano desde 2009, y mucho antes también. De hecho el propio Vaticano puso en 2010 una comisión investigadora que llegó a resultados falsos utilizando un documento falsificado”. Sobre esto último hecho, la semana pasada sobrevivientes de abuso sexual de Italia presentaron una nueva denuncia documentada.
El envío de la “comisión investigadora” desde Córdoba a Mendoza, a cargo del presbítero Dante Simón y por orden del Vaticano, es otra de las “novedades” que rodean a uno de los mayores escándalos de la historia argentina en los que se encuentra envuelta (y comprometida) la institución comandada por Jorge “Francisco” Bergoglio.
“Esto es una cortina de humo, es más de lo mismo. Lo que se busca con esta comisión es amedrentar, diplomáticamente y siendo políticamente correctos, a los funcionarios judiciales con una visita protocolar de investigación de un Estado extranjero para sancionar a los responsables. Ponemos todas nuestras dudas y todos nuestro escepticismo sobre esta comisión”, reflexionó finalmente Carlos Lombardi ante La Izquierda Diario. Y no hay por qué no estar de acuerdo con él.
