El centro Tomás Moro olvida que el derecho de los padres no obliga a que esa formación la reciban en la escuela, y además con actos que afectan a todo el centro, vulnerando el derecho de otros padres que tienen otras opciones diferentes. También paarece claro que cuando a un alumno no le dejan formar parte de un equipo deportivo en el centro porque al no dar religión “el demonio les hará perder los partidos” se está afectando gravemente a un menor, o el simple hecho de la discriminación y segregación que se produce en los centros a la hora de organizar las clases o las actividades de religión. Los centros escolares no son lugares para la catequesis o el adoctrinamiento religioso, para eso están las parroquias, las sinagogas, los templos o las mezquitas.
El centro jurídico Tomás Moro acusa a la organización laicista de engañar a los consejos escolares
La organización Andalucía Laica ha denunciado ante la inspección educativa a colegios públicos que han organizado procesiones infantiles en el marco de las actividades relacionadas con la Semana Santa. Para el colectivo, la escenificación religiosa en el ámbito escolar es impropia y tan absurda como dar un mitin político a los niños. Y es, en su opinión, contraria al artículo 21 del Estatuto de autonomía, que establece el carácter laico de la enseñanza pública, según expone la asociación en un escrito remitido a los consejos escolares de la comunidad.
Andalucía Laica considera que multitud de colegios públicos andaluces se pliegan, dice, ante el grupo de presión católico y su objetivo de evangelización infantil cuando llega Semana Santa. Aunque apunta que los casos son numerosos, formalmente sólo ha denunciado ante la consejería de Educación a tres centros escolaresubicados en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. La razón esgrimida para hacerlo es que las procesiones son primordialmente manifestaciones de adoración religiosa, por lo que los colegios incumplen, a su juicio, el principio de neutralidad y vulneran derechos del alumnado recogidos en el reglamento orgánico de la educación pública.
Para el colectivo, la injerencia de la religión en la escuela traumatiza a multitud de niñas y niños, que no entienden la segregación del resto de sus compañeros. Critica, asimismo, que por imperativo legal sean obligatorias las clases de religión. También considera reprobable que los equipos directivos y los consejos escolares permitan que se desarrollen actividades relacionadas con la religión fuera del horario establecido para impartir la asignatura.
Las procesiones infantiles, además, fomentan el absentismo escolar, según Andalucía Laica, ya que, expone, numerosos padres no llevan a sus hijos a clase para protegerles de la presión psicológica que se ejerce en la escuela contra ellos. La organización admite que la participación en los actos es voluntaria, pero considera que la celebración con carácter general afecta al desarrollo normal de las clases y vulnera el derecho de quienes tienen otras convicciones religiosas o no tienen ninguna.
Andalucía Laica entiende que se abusa de la preeminencia sociológica de una confesión religiosa para imponer actos que, a su entender, atentan contra los derechos individuales reconocidos en la Constitución, en la Carta Europea de Derechos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este sentido, la organización resalta que en Andalucía se vulnera la igualdad jurídica so pretexto de que la religión católica es mayoritaria. Sobre este aspecto muestra, no obstante, sus dudas al resaltar que sólo el 12% de los españoles es católico practicante y que únicamente un 34% contribuye, con engaños publicitarios, en su opinión, al sostenimiento de la Iglesia con su contribución económica en la declaración de la renta.
Réplica
El escrito de Andalucía Laica ha motivado la reacción de centro jurídico Tomás Moro, que considera que el comunicado falta a la verdad y atenta contra las libertades civiles por cuanto intenta limitar la acción de los padres de alumnos. Según este colectivo, Andalucía Laica descontextualiza adrede el texto del punto 21.2 del Estatuto de Andalucía para omitir que la comunidad autónoma garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Añade que aunque el Estado sea aconfesional, los ciudadanos no lo son necesariamente.
A la denuncia de que los equipos directivos y los consejos escolares se pliegan a los grupos de presión católicos, el centro Tomás Moro replica que los colegios públicos no reciben instrucción pastorales de la jerarquía eclesiástica, sino que los padres, en el ejercicio de su libertad, proponen a los consejos escolares el impulso de determinadas actividades, como las procesiones infantiles, aprobadas por mayoría.
Respecto al presunto trauma que, según Andalucía Laica, ocasiona a multitud de niños la presencia de la religión en las aulas, el centro Tomás Moro resalta que la organización denunciante no aporta ningún dato al respecto que corrobore su afirmación ni tampoco ofrece cifras del absentismo que generan las actividades relacionadas con la semana Santa. Además, le acusa de falsear la realidad cuando asegura que las clases de Religión son obligatorias. En este sentido, le invita a que denuncie en los juzgados al colegio andaluz que imparta clases de esta asignatura a algún alumnos con la oposición expresa de sus padres o tutores.
El centro jurídico considera que Andalucía Laica insulta a católicos y no católicos en su escrito al asegurar que marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta con engaños publicitarios. Para el colectivo Tomás Moro esta es una opinión insultante porque cuestiona la capacidad intelectual de quienes contribuyen a través de este medio con en el sostenimiento de la Iglesia católica.
Tras la denuncia realizada por Andalucía Laica subyace, a juicio del centro jurídico Tomás Moro, el intento de justificar el totalitarismo como modelo educativo, en lugar de fomentar la libertad de elección de los padres y alumnos, y de respetar la libertad educativa de los centros y del profesorado. El centro aclara a la organización que la elección de la educación para los niños es competencia de los padres y no de los poderes públicos.
